Más de la mitad de ese centenar largo se encuentra en situación de semilibertad por aplicación del tercer grado penitenciario previsto en la reglamentación española.
Y todos fueron trasladados a prisiones de la región del País Vasco desde otros lugares de España (tres están en Navarra), primero con la derecha en el Gobierno y luego con los socialistas, ya de manera generalizada.
La excepción son Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, quienes permanecen en Francia condenados por asesinar en ese país a dos agentes españoles de seguridad en el aparcamiento de una cafetería en 2007.
En este tiempo dos hitos fundamentales influyeron en la política penitenciaria.
El 28 de diciembre de 2013, el grupo de presos de ETA publicó un comunicado para reconocer el “daño causado” por la actividad terrorista y aceptó someterse a la legalidad penitenciaria de forma individual, lo que les supuso beneficios carcelarios.
El 1 de octubre de 2021, el Gobierno español transfirió a las autoridades del País Vasco la gestión de las prisiones y la política penitenciaria, lo que les permite decidir sobre las eventuales reducciones de los grados de cumplimiento de condena.
Así, las autoridades regionales vascas concedieron el tercer grado (semilibertad) a 129 presos. No obstante, 36 casos fueron recurridos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, según datos oficiales.
Además, autorizaron una flexibilización de las condiciones de cumplimiento de condena en 54 casos, de los que cuatro fueron revocados por la justicia.
Suele tratarse de presos que han cumplido muchos años de prisión, algunos de ellos dirigentes históricos de la banda, como Soledad Iparragirre Anboto, Henri Parot, Garikotz Aspiazu Txeroki y Juan Antonio Olarra Guridi.
El ejecutivo vasco asegura que su política penitenciaria está enfocada a la resinserción social de los que fueron condenados y que cumple con la legislación, a pesar de que en algunos casos, como el de Anboto, la justicia ha revocado sus decisiones.
Sin embargo, asociaciones de víctimas del terrorismo consideran que esto esconde, en el fondo, una amnistía encubierta, ya que hay bastantes presos de ETA, argumentan, que no se han arrepentido realmente.
En la esfera política, la oposición de conservadores (Partido Popular) y extrema derecha (Vox) ha censurado la aplicación de beneficios penitenciarios a los reclusos de ETA.
Lo vinculan con el apoyo que la coalición vasca EH Bildu (izquierda radical independentista) ha dado en el Parlamento español al gobierno del socialista Pedro Sánchez desde 2018, cuando llegó al poder.
Finalmente, ETA anunció su disolución en 2018, después de matar a 853 personas en más de 50 años de existencia, cometer numerosos secuestros y causar cuantiosos daños materiales para conseguir a la fuerza la independencia del País Vasco.