Kai Ambos

Una denuncia ante la Corte Penal Internacional acusa a las empresas alemanas, cuyas armas se utilizan en la guerra de Yemen, de ser cómplices de crímenes de guerra ¿Es esto posible incluso si las exportaciones fueron aprobadas por las autoridades alemanas?

La bancada del partido populista de derecha “Alternativa para Alemania” (AfD, Alternative für Deutschland) en el parlamento alemán ha presentado un “Proyecto de ley para agravar las penas en caso de reincidencia” (Bundestags-Drucksache [Boletín del Parlamento alemán] 19/6371).

Dejando a un lado el especial contexto político en el que el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dispuso el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, esa decisión hace surgir diversas dudas jurídicas. 

El 21 de marzo de 2016, una Sala de primera instancia de la Corte Penal Internacional (CPI) condenó al político congoleño Jean Pierre Bemba por la comisión de crímenes de guerra (asesinato, violación y saqueo) y crímenes de lesa humanidad (asesinato y violación) realizados por sus tropas en la República Centroafricana en los años 2002 y 2003, invocando la figura de responsabilidad del superior. 

Con su mayoría de dos tercios, el gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán, del partido Fidesz, ha impuesto una enmienda constitucional que recuerda la legislación nacionalsocialista contra aquellos considerados “extraños a la comunidad” (Gemeinschaftsfremde) y “asociales”.

La decisión del fiscal Montealegre de revisar los indultos concedidos al M-19 frente a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985 es osada pues implica varios problemas legales complejos.

El presidente Obama llamó los atentados de París como un “ataque a la humanidad”. De esta manera toca el núcleo de los llamados crímenes de lesa humanidad (CLH).

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) condenó el 24 de marzo al líder serbiobosnio Radovan Karadzic. Casos como este no solamente son importantes a nivel internacional, sino que también resultan relevantes para países, en los que tiene lugar el juzgamiento de crímenes internacionales por parte de tribunales nacionales. Karadzic fue uno de los arquitectos intelectuales de la idea de una “gran Serbia”. El TPIY le impuso una pena de 40 años de prisión debido a su participación muy significativa en una serie de crímenes internacionales cometidos entre 1991 y 1995 en Bosnia y Herzegovina (ByH), una de las varias repúblicas autónomas de la antigua Yugoslavia. Esta pena es efectivamente una cadena perpetua pues Karadzic tiene más que 70 años y tiene que pasar por lo menos 19 años en la cárcel, una vez descontados los casi 8 años de su prisión preventiva y una posible suspensión anticipada después de cumplidos dos tercios.

El acuerdo sobre las víctimas publicado –¡por fin!– el pasado martes es un gran avance hacia la terminación definitiva del conflicto con las FARC-EP.

El acuerdo firmado en La Habana el 23 del mes pasado recoge una propuesta que hice en mi columna Cuánta “justicia” soporta la “paz” del 07 de setiembre y que, por lo demás, se encuentra plenamente conforme con los estándares internacionales. La nueva “Jurisdicción Especial para la Paz” contará con “Salas de Justicia” y con un “Tribunal para la Paz”, ambas de composición mixta pero “integradas principalmente por magistrados colombianos” y por un número menor de magistrados extranjeros.