Manuel Aguirre Rodas

Las dantescas imágenes de los descabezados y el procedimiento utilizado por los perpetradores para hacerlo en la cárcel de San Pedro impactaron a la opinión pública y nuevamente, y como es usual en estos casos, provocó la intervención de sesudos expertos, analistas, ascetas, anacoretas, pitonisas y toda clase de leguleyos que han ensayados diversas propuestas de solución, desde la militarización de las cárceles hasta la construcción de otras, pero coincidieron en identificar parte del problema: el sistema judicial es causante de la superpoblación penitenciaria.

El artículo 256 de la Constitución Nacional exige que la sentencia judicial debe estar fundada, según se desprende del apartado segundo de la citada normativa que dice: “Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley..”.

Se le notó bastante sincero al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando dijo: “Yo no quiero un juez amigo”. Dio la impresión de que se salió del libreto cuando se refirió al actual estado del Poder Judicial, seriamente cuestionado por amplios sectores sociales de nuestro país.

El Paraguay tal vez sea el último país en Latinoamérica en no contar con una ley de carrera judicial.

Escribo estas líneas impactado por una causa en la que tuve que intervenir, en que un menor de 15 años fue juzgado por homicidio, por haber cometido el hecho punible a los 14 años. El justiciable es parte del último eslabón social de nuestro país, analfabeto, sin contención familiar, creció en las calles y vivió en una sola pieza en compañía de su madre y sus hermanos, en un barrio donde las únicas actividades posibles son la de ser vendedor de drogas, reciclar basura y cuidar coches, era merecedor de una mejor defensa.

El escritor español del siglo XVII Baltasar Gracian había publicado en el siglo de oro de la literatura española una obra conocida como “Oráculo y Manual del Arte de la Prudencia”, una recopilación de aforismo que ha trascendido los tiempos y una de ellas se repite hasta el presente “Lo bueno y lo breve, dos veces bueno”.

El delito de tortura ha sido declarado imprescriptible por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país y su imprescriptibilidad se extiende no solo al ámbito de la acción –denuncia, investigación–, sino al ámbito procesal, es decir, la posibilidad de las autoridades de someter a juicio a quienes la perpetran, cualquiera sea el tiempo de su comisión.

Acordemos que conforme a la Constitución Nacional el derecho a la intimidad –artículo 33– se halla protegido, siendo la extensión de la personalidad de cada uno desarrollar cualquier actividad dentro de ese ámbito, siempre y cuando no afecten derechos de terceros.

La Comisión de Reforma Judicial aprobó en una de sus sesiones la posibilidad de que los magistrados sean habilitados para la elección de los integrantes por el segmento de los abogados ante el Consejo de la Magistratura.

Le pregunté a un conocido jurista y politólogo, respetado por su envergadura dialéctica, si existía la posibilidad en un futuro que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país fuera declarado desde el inicio de sus funciones inamovible, y me dijo que no; y siguiendo las alternativas de los cambios cíclicos en nuestro país de los integrantes del alto tribunal, dijo: “Lo más probable es que tengamos más cambios de ministros de Corte Suprema de Justicia en Paraguay que la propia Corte de los Estados Unidos de América en toda su historia”.