Procuraduría espera que la deuda con PDVSA se pueda resolver por vía diplomática

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco Aurelio González, conversó ayer con ABC Cardinal respecto a los cuatro casos más importantes que lleva adelante la Procuraduría General de la República (PGR), en defensa de los intereses del Paraguay.

Estas causas incluyen disputas internacionales como la deuda paraguaya con Petróleos de Venezuela (PDVSA), el conflicto con la excontratista del fallido metrobús Mota Engil, el imcumplimiento del mecanismo Covax, así como cuestiones internas, como la recuperación de las tierras del Ministerio de Defensa en Remansito.

Respecto a la deuda de unos US$ 300 millones con PDVSA, el alto funcionario señaló que esperan que se resuelva por la vía diplomática, tras el restablecimiento de las relaciones de Paraguay y Venezuela. “La verdad es que la relación se puede encausar por la vía diplomática, esperemos que por esa vía concluya. Porque nadie niega la deuda que existe con PDVSA. Solamente está en discusión en el arbitraje desde cuando se computan los intereses de esa deuda”, expresó.

Sobre el arbitraje de este caso, el procurador indicó que se encuentra en una pausa desde el impasse ocasionado por la declaración de la oposición de la presidencia de Juan Guaidó.

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“El arbitraje fue suspendido cuando Guaidó asumió la presidencia y hubo un reconocimiento de varios países, y hasta hoy en día no fue retomado”, dijo González, y agregó que hasta antes de la suspensión Paraguay había planteado una excepción de incompetencia, argumentando que no había pactado con Venezuela el arbitraje, y perdió.

Metrobús y Mota Engil

En el caso del pleito con Mota Engil, el procurador señaló que existen condenas en dólares, en euros y en guaraníes, por lo que siguen realizando los cálculos del monto total de la sanción aplicada al Paraguay por el arbitraje. El monto estimado de la condena al país es de US$ 17 millones.

Así mismo, reiteró que Paraguay ya presentó un recurso de rectificación o aclaratoria, para que el tribunal se expida en una cuestión que no ha sido resuelta, a entender del Paraguay, concretamente respecto a las costas que le corresponden pagar a Mota.

“Porque dijeron que a Mota Engil le corresponde las costas sobre el 40% de lo que gastó, porque obtuvo una victoria en ese porcentaje de sus pretensiones. Allí falta que el tribunal también diga cuáles son las costas que Mota Engil tiene que pagarle a Paraguay, porque también en el laudo se ha reconocido algunas victorias procesales paraguayas”, dijo.

Mecanismo Covax

Otro de los puntos que abordó el titular de la PGR, que tiene que ver con el incumplimiento de la provisión de vacunas del mecanismo Covax, que se dio durante el gobierno anterior, y que hasta ahora no tiene una resolución, casi dos años después de concluida la pandemia.

El procurador señaló que hasta el momento se intentan agotar las instancias administrativas por medio de un intercambio de notas entre el Paraguay y el mecanismo. En la disputa, Paraguay pide la devolución del dinero invertido –US$ 5 millones–, mientras que Covax exige que Paraguay pague una tasa de salida.

Covax argumenta que Paraguay se comprometió a comprar cierta cantidad de vacunas, por las que tiene que pagar, mientras que el Paraguay argumenta que el mecanismo no cumplió en el tiempo que se había establecido y en el que el país necesitaba esas dosis.

González señaló que en caso de no conseguir resultados por la vía administrativa, recurrirán al arbitraje, que es la instancia establecida por el acuerdo con el mecanismo. Aseguraron que Covax sigue negociando con todos los estados la entrega de un dinero excedente, en el que Paraguay intentará obtener una retribución.

Tierras del Ministerio de Defensa en Remansito

El procurador se refirió tanto a las tierras reclamadas por Víctor Galeano Perrone al Regimiento Escolta Presidencial como a las tierras de la finca 916 del Ministerio de Defensa, en zona de Remansito.

En el primer caso aseguró que iniciaron un juicio de usucapión atendiendo a que está inscripto a nombre de Galeano Perrone, y que el Estado paraguayo ya perdió el juicio en dos instancias, por lo que la última esperanza está en una acción de inconstitucionalidad que le dé la razón, y que el caso vuelva a ser estudiado por otro tribunal.

En el caso de la finca 916 del Ministerio de Defensa, dividió la cuestión entre los ocupantes que intentaron la desafectación y los ocupantes precarios. Con respecto a los primeros, señaló que siguen esperando que entreguen las llaves de buena fe, al tiempo que algunos de ellos siguen presentando recursos para no hacerlo.

Por el lado del resto de las 9.000 hectáreas que tiene el terreno, manifestó que realiza un censo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer a los ocupantes precarios que llevan varios años en asentamientos instalados en esas tierras, para diseñar una estrategia de solución de fondo.