Baruja alega que “no puede impedir” participación de firmas con negro historial en “Che Róga Porã”

El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, dijo que “no puede impedir” la participación de firmas que quieran ser desarrolladoras del programa “Che Róga Porã”. En este sentido, el ministro habilitó a varias empresas que tienen en su historial sanciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), denuncias fiscales o están vinculadas a políticos.

“Desde el punto de vista legal nosotros no podemos impedir (la participación) si una empresa no tiene algún tipo de sanción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o una resolución judicial que le impida ser partícipe. Nosotros no podemos evitar el punto de vista legal”, expresó.

En este sentido, dijo que si impiden la operación en el programa de empresas que no están sancionadas hasta “pueden ser denunciados judicialmente”.

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Asimismo, Baruja señaló que ya tienen recursos por US$ 56 millones iniciales para concretar este programa, tanto con la Agencia Financiera para el Desarrollo (AFD) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Asimismo, manifestó que también están gestionando más recursos con Taiwán, por otros US$ 200 millones, para financiar la construcción de las viviendas, pero no aclaró si estos recursos servirán para capitalizar a la la AFD.

“Para el programa ‘Che Róga Porã’ ya tenemos una disponibilidad entre lo que tiene AFD y el Banco Nacional de Fomento de 56 millones de dólares iniciales. También se está gestionando una línea de financiamiento con la República China-Taiwán de 200 millones de dólares que se van a sumar a esos 56 millones que ya disponemos, así que estamos realmente muy bien en ese sentido”, expresó.

MUVH aguarda propuestas

Por ahora, el MUVH aguarda las propuestas de construcción de las firmas aprobadas, de modo a avanzar en las obras, cuyo objetivo principal es supuestamente disminuir el déficit habitacional. Para ello, Baruja ya habilitó a varias empresas con negros antecedentes para que puedan ser desarrolladoras de los planes de vivienda.

Por ejemplo, el MUVH habilitó a la empresa Kuarahy Ingeniería, de Enrique Chamorro Zárate, diputado colorado suplente por capital, quien en su momento fue jefe de campaña del expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.

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Precisamente, dicha firma fue salpicada en el polémico caso de los “pozos de oro” del Indert, que la adjudicó para obras pero hubo denuncias de incumplimientos. El caso llegó al Ministerio Público en el gobierno de Horacio Cartes, hasta hoy sin conclusión. Kuarahy Ingeniería registra numerosos contratos con el Estado y varias sanciones por incumplimientos.

También figura en la lista de “desarrolladoras” habilitadas Juan Enrique Rolón Garay, como persona física. El empresario fue denunciado en 2021 ante la Fiscalía por falsificación de firmas de supuestos aspirantes a subsidios para viviendas sociales del Fonavis, mediante un proyecto que presentó ante el MUVH como organismo de Servicio de Asistencia Técnica (SAT) denominado “Taka”. Rolón aspiraba a ser adjudicado en las construcciones del plan de reactivación económica, que contó con unos US$ 47 millones, plan ideado para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.

La denuncia presentó el MUVH, cuando Carlos Pereira era titular y la investigación quedó a cargo del fiscal Nestor Coronel. No se supo de la conclusión de ese proceso.

Pareja de la vocera del gobierno Paula Carro

Por otra parte, se encuentra Vial Sur, de Carlos Muñoz, pareja de la actual vocera del gobierno con rango de ministra, Paula Carro. Al respecto, la misma dijo a ABC que fue habilitada para el programa en diciembre último, vía Resolución N° 2942, y que ella asumió el cargo en enero.

“Como es fácil comprobar, al momento de su habilitación yo no era vocera de la Presidencia, sino que trabajaba en el sector privado. El hecho de que yo ocupe temporalmente este cargo no le priva a él de seguir trabajando en el ámbito de su negocio, que es la construcción”, afirmó.

Negó que exista conflicto de intereses, pues ella no es accionista de la firma y reiteró que el acto administrativo se dio antes de su designación.