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Una de las personas que podrían ser imputadas es Nilda Romero Santacruz, quien ofició de miembro de Conatel desde enero de 2000 hasta agosto de 2001, y en igual situación se encuentra Blanca Felicita Doncel de Morales, revelaron fuentes del Ministerio Público basados en el informe de la Contraloría General del Estado.
Ellas se desempeñaban como integrantes de la cúpula de Conatel entre los años 2002 y 2005.
Igualmente, figura en la lista Víctor Alcides Bogado, ex presidente del ente y actual titular de la Cámara de Diputados.
Un borrador interno del Ministerio Público, manejado por los investigadores, contiene una lista extensa de nombres de ex jerarcas de Conatel que según la CGR firmaron numerosos documentos que evidencian su actuación irregular como funcionarios del Estado.
En el listado figuran Luis Reinoso Zayas, Francisco Rigoberto Delgado Márquez y el fallecido Carlos Podestá Silva. Asimismo, la mira de los investigadores fiscales apunta a los ex asesores jurídicos de la institución durante los años en que supuestamente se desviaron los millonarios fondos. Estos tendrían mayor responsabilidad en los hechos por haber avalado barbaridades administrativas y jurídicas que perjudicaron programas de internet en los colegios pobres y telefonía rural en zonas carenciadas donde no llegaban los servicios de Copaco.
En la nómina de presuntos responsables se encuentran Rodolfo López Pavón, Miguel Angel Chaparro Cáceres, Magno Insfrán Gabaglio, Domitila Bernarda Brizuela Alvarenga y Rubén Aldo Ruiz Pajón.
Los ex auditores internos de Conatel entre los años 2000 y 2004 también aparecen en el borrador de investigaciones sobre los hechos denunciados por la Contraloría General de la República.
Se trata de Feliciano Javier Ferreira Ovelar, Francisco Javier Cardozo Galeano y Miguel Angel Enciso.
Los ex gerentes administrativos que tendrían una responsabilidad similar a los demás investigados son: Oscar Stark Robledo y Miguel Carbini, quienes se desempeñaron en el cargo desde enero de 2000 hasta octubre de ese mismo año (Carbini se desempeña actualmente gerente administrativo); Gerardo Meza Caballero, desde febrero de 2003 hasta agosto de 2003; Luis Manuel Garay Acevedo, desde agosto de 2003 hasta febrero de 2004.
En su examen especial del Fondo de Servicios Universales de Conatel, la Contraloría General de la República dice que en el ente regulador de telecomunicaciones se perpetraron escandalosos robos de dinero público destinados a la compra e instalación de equipos informáticos destinados a escuelas y colegios de escasos recursos del interior, así como teléfonos satelitales básicos en lugares donde hasta hoy día no llegan los servicios de Copaco.
El festín del hurto se perpetró durante las gestiones cumplidas por los ahora sospechosos entre los años 2000 y 2004, precisa el documento oficial al señalar que el monto inicial saqueado supera los 10 millones de dólares y que la suma desviada podría llegar fácilmente a los 25 millones de la moneda norteamericana.
Ellas se desempeñaban como integrantes de la cúpula de Conatel entre los años 2002 y 2005.
Igualmente, figura en la lista Víctor Alcides Bogado, ex presidente del ente y actual titular de la Cámara de Diputados.
Un borrador interno del Ministerio Público, manejado por los investigadores, contiene una lista extensa de nombres de ex jerarcas de Conatel que según la CGR firmaron numerosos documentos que evidencian su actuación irregular como funcionarios del Estado.
En el listado figuran Luis Reinoso Zayas, Francisco Rigoberto Delgado Márquez y el fallecido Carlos Podestá Silva. Asimismo, la mira de los investigadores fiscales apunta a los ex asesores jurídicos de la institución durante los años en que supuestamente se desviaron los millonarios fondos. Estos tendrían mayor responsabilidad en los hechos por haber avalado barbaridades administrativas y jurídicas que perjudicaron programas de internet en los colegios pobres y telefonía rural en zonas carenciadas donde no llegaban los servicios de Copaco.
En la nómina de presuntos responsables se encuentran Rodolfo López Pavón, Miguel Angel Chaparro Cáceres, Magno Insfrán Gabaglio, Domitila Bernarda Brizuela Alvarenga y Rubén Aldo Ruiz Pajón.
Los ex auditores internos de Conatel entre los años 2000 y 2004 también aparecen en el borrador de investigaciones sobre los hechos denunciados por la Contraloría General de la República.
Se trata de Feliciano Javier Ferreira Ovelar, Francisco Javier Cardozo Galeano y Miguel Angel Enciso.
Los ex gerentes administrativos que tendrían una responsabilidad similar a los demás investigados son: Oscar Stark Robledo y Miguel Carbini, quienes se desempeñaron en el cargo desde enero de 2000 hasta octubre de ese mismo año (Carbini se desempeña actualmente gerente administrativo); Gerardo Meza Caballero, desde febrero de 2003 hasta agosto de 2003; Luis Manuel Garay Acevedo, desde agosto de 2003 hasta febrero de 2004.
En su examen especial del Fondo de Servicios Universales de Conatel, la Contraloría General de la República dice que en el ente regulador de telecomunicaciones se perpetraron escandalosos robos de dinero público destinados a la compra e instalación de equipos informáticos destinados a escuelas y colegios de escasos recursos del interior, así como teléfonos satelitales básicos en lugares donde hasta hoy día no llegan los servicios de Copaco.
El festín del hurto se perpetró durante las gestiones cumplidas por los ahora sospechosos entre los años 2000 y 2004, precisa el documento oficial al señalar que el monto inicial saqueado supera los 10 millones de dólares y que la suma desviada podría llegar fácilmente a los 25 millones de la moneda norteamericana.