Comerciantes del Abasto reclaman autorizaciones para importar tomate

Un grupo de cerca de doce comerciantes del Mercado de Abasto, registrados en el Senave como importadores de hortalizas, llegaron ayer hasta el ente a reclamar la entrega de permisos para traer tomate del extranjero.

Argumentaron que el precio de dicha hortaliza está entre G. 90.000 y 120.000 la caja de 18 kg. “El compromiso fue que si superaba los G. 80.000 la caja, se otorgarían los permisos para importar, pero no están cumpliendo”, indicó Édgar Pineda. Explicó que la actual carencia de producción nacional está siendo completada con contrabando, y al no otorgarse los Afidi, se está premiando la ilegalidad, lamentó.

Usan certificado del Senave para contrabando

Un productor que cosechó unas 150 cajas de tomate de 18 kilogramos en la zona de Caaguazú logró conseguir la certificación del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) para cerca de 1.000 cajas, agregando productos de contrabando, señaló ayer el directivo de la Cámara Frutihortícola del Paraguay José Rivas, quien prefirió reservarse el nombre del citado productor.

Rivas dijo que hay muchos casos más, pero que ese es el que ellos pudieron probar. Eso demuestra que la herramienta que creó el Senave para combatir el contrabando al final se utiliza también para legitimar la corrupción.

Acuerdo con Senave

Rivas habló del tema tras el convenio que el titular del Senave, Alfredo Gryciuk, firmó con representantes de la Cámara Frutihortícola del Paraguay y la Comisión Vecinal de Agricultores Curupayty de Arroyos y Esteros, para la emisión de guías de traslado de hortalizas.

Según los datos, el acuerdo prevé la entrega de documentos de tránsito de vegetales a las asociaciones de productores que se hayan registrado y proveído de datos de su producción y de sus asociados.

Por su parte, el Senave se comprometió a realizar controles aleatorios para constatar la veracidad de los datos proporcionados por las organizaciones y visitar e inspeccionar las fincas de producción para controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

“La medida adoptada apunta a fortalecer la producción nacional, mediante el respaldo documental de los agricultores locales para contribuir a la lucha contra los productos vegetales que son comercializados ilegalmente”, dijo Gryciuk.

Opinó que la entrega de dichos documentos a los citados gremios tiene como objeto construir confianza con los productores.