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La decisión del TCU fue tomada luego de que el diputado opositor Luiz Carlos Hauly presentara en diciembre pasado un amparo jurídico solicitando esa investigación debido a las sospechas de corrupción.
Según el legislador, la fiscalización se ordenó después de encontrarse soporte legal para el ejercicio inmediato de la supervisión dada la jurisdicción establecida en la Constitución brasileña. “El TCU decidió investigar el caso de las denuncias de contabilidad paralela y mal uso de los fondos públicos, entre otras irregularidades”, dice Hauly. Hasta entonces, el TCU se había declarado legalmente impedido de inspeccionar las cuentas de Itaipú. “Esta decisión es resultado de un trabajo duro en defensa del interés nacional”, señala el diputado.
Vaccari Neto fue relevado de su cargo de consejero por Dilma Rousseff recién en enero de este año, luego de haber sido acusado por el escándalo de Petrobras.
El mismo fue procesado por haber recibido unos US$ 200 millones para su partido en concepto de sobornos de varias empresas asociadas a la estatal Petrobras, producto de más de 90 contratos entre 2003 y 2013.