Critican insistencia del Ministerio de Hacienda en eliminar prejudicialidad

El profesional del derecho afirmó que esta persistencia de la secretaría de Estado en pretender eliminar la “insoslayable previa determinación” de la existencia o no de la evasión impositiva para dar inicio a la persecución penal, conocida como prejudicialidad, expone a los ciudadanos a tener que soportar las gravosas consecuencias de un proceso penal, como soportar medidas cautelares, revisión de los documentos privados y las comunicaciones personales, para luego, si no ha existido evasión, ser sobreseído.

Añadió que lo anterior implica que, antes de estar amparados por la presunción de inocencia, el contribuyente tendría que demostrar su inocencia. “Esto es propio de regímenes totalitarios. Por eso no estamos de acuerdo con esta pretensión”, enfatizó.

Paciello reconoció que la instancia administrativa es “sumamente lenta”, pero advirtió que someter directamente al ciudadano al proceso penal puede resultar peligroso, pues hasta podría prestarse a persecuciones del propio aparato estatal. “Es esto lo que la sociedad debe evitar, que bajo el pretexto de sancionar una supuesta evasión impositiva, se constriña al ciudadano en sus libertades”, alertó.

Agregó que si lo que se pretende es celeridad en la determinación de la existencia o no de la evasión, la propuesta legislativa debería encaminarse a acelerar los plazos del proceso administrativo “y punto”.

“Además, como señaláramos anteriormente, el proceso penal impone que la investigación debe concluirse dentro de un plazo determinado y si, por cualquier circunstancia, dentro de ese plazo no se puede acusar al imputado por la evasión, el agente fiscal debe pedir su sobreseimiento”, recordó.

Dijo que con ese sobreseimiento, la imposibilidad en la determinación oportuna de la evasión permitirá la impunidad, que es lo que se pretendería evitar. Advirtió que consideran mucho más prudente y conveniente, hacia el fin invocado, que la administración agote todo el tiempo que sea necesario para determinar si el ciudadano ha evadido o no el impuesto y luego, si corresponde, procesarlo penalmente para sancionarlo. “No olvidemos que los datos se encuentran registrados en las declaraciones y libros contables, por lo que estamos ante la imposibilidad de reconstruir el hecho como se ha indicado”, expresó Paciello.