Denunciados por destruir patrimonio ferroviario prefieren no responder aún

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) afectadas por la presentación hecha el martes pasado por un grupo de abogados que consideran un delito la acción emprendida contra el trazado histórico del tren, en la zona de Ñu Guasu, esperarán que la fiscalía les corra traslado del expediente a fin de conocer primero el contenido exacto de la denuncia, para luego dar alguna respuesta.

Así se desprende de unas breves declaraciones dadas por el viceministro Rejalaga al ser consultado por nuestro diario sobre el referido tema. Añadió que una vez recibido el informe fiscal, el caso pasará a manos de la asesoría jurídica del Ministerio, por lo que se excusó de ahondar por ahora en el asunto.

Rejalaga figura junto al titular del MOPC, Enrique Salyn Buzarquis; el director de Vialidad, Fabio Riveros; el procurador Pedro Valiente Lara; la ministra de Cultura, Graciela Bartolozzi; la directora general de Patrimonio Cultural, Arq. Gilda Urbieta; y el titular de Fepasa, Marcelo Wagner, en la lista de denunciados por los abogados Luis C., Constantino Rodríguez, Eusebio Servián y Atilio Rodríguez Adorno.

Los mismos sostienen que estas autoridades cometieron una serie de delitos, como lesión de confianza, apropiación, obstrucción a la restitución de bienes y daño a las cosas de interés común, al haber ordenado y permitido el levantamiento de las vías en un tramo de 6,3 kilómetros en Ñu Guasu, entre la Estación Botánico y las cercanías del Hotel Bourbon, en Luque, para luego, como si eso fuera poco, proceder a la destrucción total del trazado histórico del ferrocarril, hasta entonces con una antigüedad de 152 años.

El MOPC procedió de esta manera, con la anuencia de la Secretaría de Cultura y su Dirección de Patrimonio, para construir sobre el anterior emplazamiento de las vías una nueva y polémica autopista de seis carriles entre Luque y Asunción, que Buzarquis advirtió que lo harán “contra viento y marea”. Según los denunciantes, lo que queda claro por ahora es que lo hicieron contra la ley.

Ocurrió hace seis meses

La destrucción de las vías del ferrocarril ya estaba en plena marcha para el 10 de octubre de 2012. Unos días antes, el 4 de octubre, la Dirección de Patrimonio Cultural llamó a una reunión de prensa en la que su titular, Gilda Urbieta, dio a conocer, juntamente con el viceministro de Obras, Juan Rejalaga, y el presidente de Fepasa, Marcelo Wagner, una ambigua “recomendación”, por la que por un lado disponía “dejar como testimonio material el trayecto histórico del ferrocarril”, pero por otra, preveía que una vez levantados los rieles y durmientes, se haga un inventario de los mismos y su posterior “traslado a un espacio seguro”. Finalmente, no quedó nada, y se arrasó hasta con el terraplén ferroviario.