El fisco debería controlar a firmas unipersonales con megacontratos

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La Subsecretaría de Tributación debería  realizar una fiscalización del grupo de firmas unipersonales –Distribuidora Preciosa, Comercial Don Raúl,  Distribuidora Fénix  y quizás otras más– de propiedad de los esposos Nancy Godoy Almada y Raúl Alberto Rodríguez  que a marzo de 2011 han firmado megacontratos  con el Estado  por G. 25.611 millones (unos  6.250.000 dólares) y existen fundadas sospechas  de   evasiones impositivas.

El grupo de empresas Distribuidora Preciosa, Comercial Don Raúl y Comercial Fénix (de propiedad de los esposos Nancy Godoy A. y Raúl Alberto Rodríguez) no son del universo de Grandes Contribuyentes de la Subsecretaría de Tributación.

Sin embargo, muchas empresas del ramo envidiarían los megacontratos que han firmado con diferentes reparticiones del Estado para la provisión de todo tipo de bienes.

Los contratos firmados por el grupo comercial con el Estado paraguayo ascienden –a marzo de 2011– a G. 25.611.568.506, o sea unos 6.247.000 dólares al cambio actual.

Las cifras desglosadas son: Distribuidora Preciosa, (con RUC 12911337-2), G. 4.112.467.630,  firmó contratos con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y Ministerio de Defensa; Distribuidora Don Raúl (RUC 8622716-9), G. 13.499.081.316 (MEC y dos contratos con la Gobernación de Boquerón); y Fénix SA que no especifica RUC en su contrato con la gobernación por un monto de G. 7.999.999.960.

Lo sospechoso del caso es que los principales proveedores de este grupo de contratistas estatales son las firmas unipersonales Casa Brítez (de Alejandro Brítez Brítez con RUC 440903-5) y A&B Import Export (de propiedad de Abraham Bareiro Cano con RUC 296672-7).

Lo sugestivo de esta relación comercial es que en el pago del IVA se estaría produciendo una multimillonaria evasión impositiva. Por ejemplo en  2008 (ver resumen) la provisión  de mercaderías a las contratistas estatales alcanzó nada menos que G. 9.095.623.000.

De este monto solo 979 millones estaban exentas del IVA mientras que facturas por G. 5.613 millones debían tributar 10% y otras por G 2.502 millones debían tributar 5%.

El  monto del IVA del citado impuesto a pagar en dicho año era de G. 811 millones, pero existen sospechas de que solamente se pagaron G. 39.412.309, o sea menos del 0,5%. Pero lo más sospechoso aún fue que los fondos fueron proveídos a partir de la cuenta bancaria que  Nancy Godoy mantenía en el ABN Amro Bank.

De acuerdo a los datos que maneja ABC Color, esto evidenciaría que estamos ante una simple compra de facturas fabricadas y que, además del IVA, se estaría evadiendo también el impuesto a la renta.

Una fiscalización a fondo de Tributación  podría verificar si los documentos fueron fabricados o no, a fin de determinar el origen  de los mismos, ya que necesariamente deben contar con el respaldo de las facturas y remitos correspondientes, ya que los bienes proveídos al Estado eran carne vacuna, harina de trigo, aceite comestible, leche en polvo, etc.

Además, cabría determinar la capacidad de las proveedoras de las contratistas del Estado paraguayo, pues de ser firmas pantallas el caso queda muy claro.

Es que si las firmas del grupo no pueden justificar su fuente de provisión de mercaderías, estonces ¿cómo cumplieron con los contratos estatales o es que estamos ante un simple movimiento de papeles que cuenta con la complicidad de funcionarios oficiales deshonestos y cómplices de los delitos?

Inclusive, si las proveedoras de las contratistas del Estado no pueden probar el origen legal de las mercaderías, además de los delitos de evasión, también se habría perpetrado un contrabando de dimensiones multimillonarias. Esto tampoco podría descartarse, pues es el tipo de mercadería que se   introduce desde la Argentina.

Sin embargo, los datos que maneja este diario indican que el proveedor de las documentaciones pantallas es Abraham Bareiro, quien,  además de figurar como propietario de la firma A&B Import Export, sería contador de Casa Brítez.

De constatarse los negociados del año 2008, bastaría con ver a qué reparticiones oficiales  figura que "ha proveído bienes" el grupo de empresas manejado por los esposos Godoy-Rodríguez y se podría determinar sus ramificaciones en esferas públicas.
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