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COLONIA CHOFERES DEL CHACO, Horqueta, Dpto. de Concepción (Gladys Benítez, Claudio Ocampo y Juan Álvarez, enviados especiales). Las denuncias sobre la serie de sistemas de agua potable inservibles, financiados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ya no son una novedad. Lo nuevo es que ahora, el propio Ministerio Público está corroborando que las innumerables declaraciones y quejas de los pobladores afectados, realizadas a la prensa, son totalmente ciertas.
El equipo del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, visitó ayer esta colonia y tomó declaración testifical a los vecinos, que dieron fe de la falta de agua potable en la comunidad, a pesar de los millonarios desembolsos realizados por el citado ente rural. Son 35 familias que desde hace más de dos años siguen esperando que se cumplan las promesas hechas por la administración actual del Indert, presidida por Justo Cárdenas.
Don Inocencio Argüello fue uno de los vecinos de colonia Choferes del Chaco que testificó sobre el pozo que no funciona a causa de la precaria instalación, los materiales de mala calidad, entre otras falencias, que inclusive están a la vista.
También habló doña Daniela Benítez, quien mostró una pila de tubos enrollados que en su momento fueron rechazados por la comisión pro agua, debido a que no tenían la dimensión que debían tener. Pese a que, posteriormente, pusieron caños de mayor diámetro, el agua no llega a las familias.
La comitiva del Ministerio Público también visitó la colonia Cuartelero, del mismo distrito, y verificó que allí existe una igual situación. Un tanque instalado en una propiedad y un pozo perforado, pero el sistema está fuera de funcionamiento. En este caso, el agua que sale es salada y no se llegó siquiera a concretar la distribución planeada para las viviendas que debían ser beneficiadas con el servicio prometido por el Indert.
Indert pagó dos veces
Fermina Ponce, una de las pobladoras que también participó de la declaración a la delegación de la fiscalía que llegó hasta el lugar , explicó que 72 familias debían ser beneficiadas con este proyecto, pero que ni siquiera hubo estudio hidrológico para corroborar si el agua era apta para el consumo humano y el resultado está a la vista, una obra abandonada, en medio de malezas.
En consecuencia, los pobladores decidieron comprar un terreno cercano, pagando G. 200.000 por familia, para que el Indert les instale en el inmueble otro pozo, que en este caso sí funciona. Lo que no saben es el precio de la obra ni la modalidad de adjudicación (si fue a través de una ONG, contratación directa, etc).
En definitiva, el ente agrario pagó dos veces por un mismo proyecto comunitario (ver detalles de pago en material adjunto que acompaña esta misma página).
La comitiva fiscal anunció que hoy continuará sus investigaciones sobre el caso en la zona de Horqueta.
Los pagos y el contratista
En el caso de los dos pozos verificados por la Fiscalía y otros instalados en tres asentamientos de la zona (Espajín, Yvyraty y Peguaho San Francisco), el Indert abonó casi G. 2.500 millones a la ONG Fundación Cerro Lambaré (Fucela, de Edelmira de Giacomi de Andreotti y Patricia Zulma Báez), que a su vez subcontrató a la firma Eclosión, de Pedro Benítez Almirón, parlamentario suplente (ANR) del Mercosur.