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En esa asamblea, convocada por el síndico titular Gustavo Fatecha, luego de que comprobara irregularidades, también suspendieron a los directivos Nelson Barrios, Gabino Dagogliano, a la Prof. Mirian Vera, Manuel Acosta y Alicia Raquel Dagogliano.
Asimismo se dispuso la reposición de los miembros de la comisión directiva que, según los datos, fueron sacados en forma injustificada: Tomás Acosta, Jorge Jara, Graciela Núñez, Máximo Jara y Estela de Acosta.
Precisamente a estos cinco directivos debían reponerlos en sus cargos y asumir la administración del CPPF, pero no pudieron hacerlo porque el local del gremio está cerrado desde el viernes último incluso hasta ayer por disposición de Villalba.
La secretaria del CPPF, Etelvina González Ferreira, funcionaria de 35 años de antigüedad, no pudo ingresar ya que no fue informada de que el local estaría cerrado. Explicó que estaría siendo perseguida por Villalba, ya que desde junio pasado no cobra su salario, situación que ya fue denunciada ante el Ministerio del Trabajo.
Por su parte, Villalba se rehúsa a acatar la resolución de la asamblea general extraordinaria, argumentando que la misma no debía ser realizada porque el síndico no tenía potestad de hacer la convocatoria.
Sin embargo, según el artículo 48 de los estatutos del gremio, el síndico tiene potestad de “convocar directamente a asamblea general extraordinaria en el caso de que, a su criterio, el consejo directivo cometiere irregularidades en el ejercicio de sus funciones”; también “intervenir en cualquier momento en el manejo de los recursos o patrimonio del Centro”, según el artículo 49; además, el número 64 señala que “la asamblea general extraordinaria se reunirá cuando la CD lo considere necesario o sea convocada por el síndico”.