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Ante nuestra consulta sobre si este comunicado es un apoyo explícito a la emisión de bonos por parte de Hacienda, uno de los titulares de la entidad empresarial, Lic. Beltrán Macchi (por el Comercio), se limitó a señalar ayer que la nota remitida a los tres poderes del Estado “es clara” (firmada por su titular Eduardo Felippo, de viaje al exterior). “La Feprinco hizo un llamado a actuar dentro de la institucionalidad y a sancionar un presupuesto que permita que, por lo menos, el año económico se preserve”, enfatizó.
El escrito señala que las fuerzas de la producción, la industria, el comercio y los servicios “ven con preocupación” el rumbo de los acontecimientos políticos, “porque estos inevitablemente producen efectos sociales y económicos en el país”.
En ese sentido, exhorta a los actores políticos nacionales “a que hagan a un lado” sus diferencias personales o políticas para cumplir con sus deberes constitucionales, evitando “mayores infortunios a nuestro país”.
Recuerda igualmente que la historia enseña que finalmente es la sociedad toda, sin excepciones, la que tendrá que soportar los errores que se cometan, sea porque el país “renguee” con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior o porque se ponga en riesgo, descalificando –por el mismo motivo–, por ejemplo, la eventual emisión de bonos, “o porque no seamos capaces de distinguir la paja del trigo”.
Presupuesto nacional
La entidad matriz del empresariado también advierte que el Estado no puede funcionar sin la ley del Presupuesto General de la Nación. “La vigencia del presupuesto del ejercicio fiscal del año anterior, cuando el presentado por el Poder Ejecutivo es rechazado, debe entenderse como una solución constitucional transitoria, que impone a los poderes del Estado la obligación de conciliar criterios para que la ley sea sancionada y promulgada, si entendemos que el presupuesto general constituye la expresión financiera del plan de trabajo anual de los organismos y entidades del Estado”, destaca.
Límites al ejercicio del poder
Señala también que la democracia constitucional que con base en el pacto social define una forma de Estado y de gobierno, también regula la manera de ejercer el poder e impone reglas pre escritas que, por lo mismo, limitan su ejercicio.
“Necesitamos que la democracia constitucional que pactamos sea respetada, para que las fuerzas vivas puedan seguir creando y desarrollando prosperidad para todos, a través del trabajo honesto”, puntualiza.
Alerta, finalmente, que “no es bueno” para la sociedad que los responsables del Estado no ajusten sus actos a lo que impone la Constitución, como no lo es que antepongan sus intereses personales a los nacionales. “Las decisiones políticas deciden la suerte de un país; los países crecen o fracasan por los aciertos o los errores de sus gobernantes”, subraya la nota.