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El perjuicio a la entidad ronda los G. 600 millones. El Incoop ordenó la intervención con base en lo dispuesto en la Res. Nº 15.156/2016, que establece nuevas exigencias para los dirigentes en el “inciso e”, que menciona que es requisito no estar imputado por delitos cometidos contra el patrimonio de una entidad cooperativa.
Ríos alegó, por su parte, el Art. 72 de la Ley 438/94, de Cooperativas, que establece que los condenados (y no los imputados) son quienes no podrán ser miembros de un Consejo de Administración.
Aguilera cuenta además con el respaldo del gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva (PLRA), quien asistió a una reciente protesta en Pilar contra la medida del Incoop.
Aguilera es por otro lado suplente del diputado Ríos, concejal en Pilar y decano en esa ciudad de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional. Asumió la presidencia de Coodeñe el pasado 26 de octubre sustituyendo a Nelson Mellones.