Itaipú remesó US$ 346 millones

El total remesado por Itaipú Binacional al tesoro nacional en lo que va del año es de US$ 149,9 millones en concepto de royalties y US$ 196,9 millones corresponden a pagos de compensación por energía cedida, que se depositan en una segunda cuenta habilitada por el tesoro bajo el concepto de fondos adicionales.

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De esta manera, el total inyectado al tesoro público, de enero a julio, es de US$ 346,81 millones, conforme a los registros de la Dirección Financiera de Itaipú Binacional.

En enero fue transferido un total de US$ 21,5 millones en concepto de royalties y US$ 31,2 millones de los recursos adicionales, totalizando US$ 52,7 millones. En febrero, el total de transferencias fue de US$ 31,7 millones, de los cuales US$ 21,7 millones corresponden a los pagos ordinarios y US$ 10 millones a los adicionales. Un poco más de US$ 32,2 millones fueron depositados en marzo, US$ 22,1 millones de royalties y US$ 10,1 millones por cesión de energía.

En abril el total de recursos depositados en la cuenta fue de US$ 30,3 millones, en mayo ascendió a US$ 117 millones, de los cuales US$ 96,1 correspondieron a los fondos adicionales y US$ 21,1 millones a los pagos ordinarios. En junio depositó un total de US$ 31,1 millones, entre royalties y adicionales, en tanto que en este julio el total remesado por Itaipú fue de US$ 50,9 millones.

Es de recordar que los estados paraguayo y brasileño reciben una compensación financiera, denominada “royalties”, por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica en Itaipú.

Asimismo, desde el 2011 el tesoro nacional recibe de la binacional recursos en concepto de compensación por energía cedida. Estos recursos son canalizados, transferidos y ejecutados bajo las normativas establecidas por ley que conforma el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), destinados al financiamiento de proyectos de inversión y desarrollo.

La experiencia inicial con Fonacide refleja un manejo plagado de irregularidades por parte de las municipalidades en la construcción de aulas en diferentes puntos del país. La Contraloría General de la República constató las mismas en varios municipios y está en proceso de auditoría en otros.

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