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En junio de 2010 el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, adjudicó a diez empresas privadas una licitación cuyo monto ronda los G. 22.000 millones.
Por lo menos seis de los diez contratos adjudicados todavía siguen abiertos, informó la institución del Estado, sin proporcionar los nombres de las empresas con problemas.
Según la web de Contrataciones Públicas las empresas beneficiadas fueron: 2G SRL, representada por Osvaldo Gulino, se adjudicó un contrato de G. 3.470 millones; DMV SA, por Luis Díaz Lavigne, G. 2.728 millones; Mario Raúl Ibarrola Adorno, G. 2.257 millones; Confortec SRL, G. 2.238 millones; M y T SA y Asociados, por Cíbar Paredes, G. 2.192 millones; Ricardo Díaz Martínez, G. 1.993 millones; Las Cumbres SA, por Rossana Gaona, G. 1.918 millones; Integral Ingeniería SRL, representada por Carlos Samudio Domínguez, G. 1.856 millones; Alejandro Raúl Pérez Heras, G. 1.780 millones y Miguel Ovando Portillo Kauffmann, G. 1.729 millones.
De acuerdo con los compromisos contractuales firmados, las obras a ser ejecutadas consistían en la construcción de un sistema de agua potable que contemplaba, entre otras cosas, la construcción de pozos, instalación de tanque elevado, red de distribución, grifos.
El plazo de entrega era de 180 días. Sin embargo, ya estamos en febrero de 2015 y seis de los contratos siguen abiertos.
“Los seis contratos que aún se encuentran en estado de ejecución no pueden ser cerrados financieramente por diversas causas, falta de formalización de convenios modificatorios por variaciones constructivas –adendas–, falta de pago de certificados de obras y reajuste de precios de certificados, entre otras causas”, explicaron en Senasa.
Contrataciones ni se entera
No está informada la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre la serie de problemas que tiene Senasa con una gran cantidad de contratos incumplidos desde hace varios años. El ente es el que fiscaliza las adquisiciones de las empresas públicas, mediante la Ley 2051/2003.
Uno de los casos ya publicados por nuestro diario la semana pasada es por G. 18.000 millones para la construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento cloacal en Iturbe y Caazapá. Las obras fueron adjudicadas en 2009 a las empresas Ocho A SA, de Luis Pettengill; Fernando Moreno Martínez; DC Ingeniería, de Luis Duarte Luraghi y Julio Galiano Morán. Las obras quedaron a medio construir debido a diversos problemas y los contratos rescindidos.