LOS LECTORES OPINAN

Wilmar Acosta no es (*) culpable

Hemos tenido una pérdida tan dolorosa de un ciudadano paraguayo y una joven paraguaya seguro con planes y futuros segados por los tentáculos de la mafia. Pablo Medina y Maribel Almada no son víctimas casuales de este flagelo y ahí está el meollo de la cuestión. Pablo y Maribel cargaron la culpa de cada individuo, estamentos del Estado, instituciones de la comunidad que han hecho caso omiso u ofrecido protección o están al servicio de la mafia por unos billetes y el sueño dorado de ser millonario con el menor esfuerzo.

Cada individuo que ha recibido un billete u otros regalos de este clan es culposo de la muerte cobarde de estos inocentes y si tienen conciencia deberían retornar sus dólares manchados con sangre inocente a donde corresponda. Se han vendido al mejor postor, pero se olvidan que están segando oportunidades a sus hijos porque estando en tierra de nadie se les robará la esperanza y un futuro mejor.

La ciudadanía entera debe ponerse en campaña y buscar por los medios, redes sociales, identificar a los responsables indirectos que son culposos de este horrendo crimen de segar la vida a comunicadores sociales para cuidar el estatus de clanes y familias comprometidas con la mafia o peor aún, que los trabajos de investigación de Pablo Medina y su asistente Maribel no logren destapar la caja de Pandora y salpique a los padrinos, protectores y operadores logísticos que están al servicio de la mafia.

Una vez más, ABC puede ayudar utilizando un software similar como el buscador de empleados públicos para desempañar a esta gente e informar a la ciudadanía entera para prevenir este flagelo.

(*) el único

Carlos Vera

Banco Unión

Como accionistas necesitamos saber: hace más de 6 años se declaró la quiebra del Banco Unión, en abril de 2008. En ese momento estaban como pendientes a pagar algunas entidades públicas , entre ellas el BCP, IPS, Ex-Antelco, ANDE, Petropar.

A los clientes particulares en casi un 90% ya se les había abonado todas sus acreencias.

Entre las entidades públicas ninguna tenía privilegios para cobrar, ya que las que lo tenían ya habían cobrado.

Hoy no se tiene idea ni información de qué pasó con los US$ 8.100.000, más sus intereses que se habían recuperado ni el saldo en caja a la fecha de su declaración de quiebra que superaba los G. 6.000.000.000. Menos aún de qué pasó con los valiosos inmuebles propiedad del banco, entre los que se encuentran locales comerciales en el Multiplaza, Alto Paraná, Encarnación, Asunción y otras ciudades y la cartera de créditos a cobrar.

En una visita que se realizó recientemente al juez de la causa, este manifestó a los accionistas que él no sabe lo que pasó con los dólares, guaraníes ni con los demás activos, ya que el síndico no le contestaba sus pedidos. Consideramos que vale la pena una investigación a fondo y la aclaración correspondiente.

Ismael G. Aranda C.

Cumplir las normas

Pareciera a veces que las leyes están patas para arriba. Pareciera que en Paraguay el “a veces” se vuelve “a menudo”. Es que, mientras la justicia haga caso omiso o trabaje con brazos cruzados en asuntos importantes; las infracciones o falta de cumplimiento de las reglas se vuelven agua corriente.

¿Qué importa vender sin factura? ¿Qué me preocupa estacionar donde está prohibido? ¿En qué afecta manejar después de diez latitas de cerveza? ¿Cuál es el problema de tener un auto mau? ¿Y si declaramos una parte nomás de lo recaudado? ¿Qué tiene de malo traer de contrabando productos?

El ciudadano común infringe las normas porque las reglas no son ni firmes ni seguras, ni controladas a todos por igual ni sancionadas con equidad. Las normas rellenan papeles.

El “que importa” se vuelve casi como una justificación lastimera de una realidad que crece. Sabiendo que siempre hay otros que lo hacen a mayor escala, entonces lo propio se queda a un nivel de “permitido” tácitamente.

Cumplir las normas deja de ser un valor y un recurso válido para el desarrollo cuando los que gobiernan no solo no cumplen, sino tienen las indulgencias para hacer exactamente lo prohibido. La legalización de las faltas comienza desde arriba. Entonces, me duele ver una realidad tan poco esperanzadora. No pidamos cumplir las normas a los ciudadanos cuando los que debieran también dar ejemplo (por su condición de funcionarios de Estado) se burlan de todo un pueblo y se llenan los bolsillos de gratificaciones, sueldos y dinero de los paraguayos.

Por cierto, que el juramento de los altos mandos debiera ser reconsiderado. “Que Dios y la Patria me lo demanden” no tiene sentido en un Estado ausente para el pueblo y ciego y permisivo para los legisladores y ciertos gobernantes.

Mientras, seguimos siendo výro los que cumplimos las normas.

Verónica Abente