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El 10 de junio del año pasado, 20 días antes de la apertura de sobres para la duplicación de las rutas 2 y 7, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) introdujo una adenda en el pliego de bases y condiciones que permitió que oferentes precalificados por separado y que tenían intenciones de competir entre sí, se unieran y anularan la competencia.
Incluso, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, ya firmó el contrato correspondiente con ese consorcio constituido a último momento y que está encabezado por la española Sacyr. Los antecedentes indican que el proyecto tenía al principio 11 empresas y consorcios precalificados.
El pliego, tal como fue aprobado inicialmente por el MOPC, establecía la prohibición de que se presentaran a la licitación otras empresas y consorcios que no habían sido precalificados como tales. Es decir, estos últimos solo podían presentarse con el número de empresas con las que se formaron originalmente.
Pese a haber manifestado interés en la obra un interesante número de oferentes, al acto de apertura de ofertas, que antes se había postergado cuatro veces, finalmente se presentó un solo consorcio y su conformación fue lo más sorprendente; pues el mismo estaba integrado por Sacyr y Mota-Engil-Ocho A, hasta ese entonces competidores.
Una adenda a medida
Lo que no había trascendido hasta ahora es el motivo por el que ocurrió y se permitió esa situación. Según los informes recogidos al respecto, todo nació en la adenda introducida por el MOPC el 10 de junio del año pasado, cuando la administración de Jiménez Gaona se encargó de allanarle el camino a Sacyr para que se uniera al otro consorcio e incluso liderarlo.
Parte del texto de una copia del documento (la adenda) al cual tuvimos acceso reza lo siguiente: “Se admitirán también ofertas presentadas por nuevos consorcios constituidos, que estén integrados por hasta dos empresas y/o consorcios precalificados como máximo”.
Después de haber acomodado la APP de las rutas 2 y 7 para Sacyr, según revelan documentos, el ministro Jiménez Gaona insiste en adjudicarle también a la misma empresa un contrato por 30 años en el aeropuerto, sin tener en cuenta sus antecedentes de reclamos judiciales en varios países.