No hay inversión, pero sí depredación en las tierras alquiladas por el IPS

Se trata del informe final de la Auditoría Presupuestal del Instituto de Previsión Social, realizada por la Contraloría General de la República al Ejercicio Fiscal 2010.

En el documento de la Contraloría se analizan los “Incumplimientos de obligaciones contractuales por parte de locatarios de inmuebles, en detrimento a derechos del Instituto de Previsión Social”.

Al respecto, la auditoría desnuda irregularidades en al menos siete contratos que corresponden a 98.305 de las más de 200.000 hectáreas alquiladas por la previsional en la zona de Teniente Ochoa, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón (Chaco).

El primero de los casos denunciados por la Contraloría, corresponde al Lote N° 26 que figura a nombre de GANADERA ESTERO GUAZU S.A. (de Martín Gómez Mendoza). Sobre el mismo, el ente fiscalizador señala que “el arrendatario no ha introducido ninguna mejora” habiendo un compromiso de inversión de US$ 457.156. Cabe mencionar que el contrato con la GANADERA ESTERO GUAZU S.A. data de agosto de 2005, con un periodo de gracia de 4 años, y la auditoría corresponde al ejercicio 2010.

En otro caso aparece el Lote N° 23, que figura a nombre de Osvaldo José Salinas (actualmente con 26 años), donde se ha encontrado una ocupación precaria “motivo por el cual el arrendatario no ha tomado posesión del inmueble”. Sin embargo, según la Contraloría, el mismo Departamento de Seguridad y Custodia del IPS constató “in situ” la construcción de una vivienda precaria “y un horno de material supuestamente para elaboración de carbón”, señalando además que al momento de la verificación no se encontraba nadie en el lugar. La inversión en este caso debía ser de US$ 508.170, según el contrato que data de setiembre del 2003 (cuando el arrendatario tenía 16 años).

Es decir que, en 7 años de contrato, de los cuales 3 fueron de gracia, no existe ocupación, no existe inversión, pero sí una fábrica de carbón que conlleva en la degradación de la propiedad sin ningún beneficio para el IPS.

Luego se encuentran los Lotes N° 22, 24 y 25, que están a nombre de Kurt Sawatzky Epp, en donde también se ha constatado una ocupación irregular, con vivienda precaria (no hay inversión) y, de acuerdo al Departamento de Custodia del IPS, “se informa que se estaría negociando con maderas extraídas de la propiedad del IPS, específicamente de la Finca N° 8.644”. El contrato con el IPS en este caso, que data de julio de 2008 y tenía un periodo de gracia de 4 años, tenía prevista una inversión de US$ 1.239.362 que, como puede verse, al momento de la auditoría de la Contraloría, dicha inversión era prácticamente nula.

La más grande

Dentro del informe de Contraloría, resalta igualmente el caso de los Lotes N° 17, 18, 19, 34, 35 y 36 que en conjunto suman más de 30.000 hectáreas y figuran a nombre del ciudadano italiano Alessandro Massagrande. Dichos lotes fueron verificado también por el Departamento de Custodia y en el informe se manifiesta que el arrendatario no ha introducido mejoras en el lugar. Según documentaciones adjuntadas –dice el informe de Contraloría– el arrendatario manifiesta que no ha podido obtener la licencia ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del Instituto Forestal Nacional (Infona) motivo por el cual existe el retraso de las inversiones.

Según el contrato de Massagrande, que data de setiembre de 2008 y tiene un periodo de gracia de 4 años, el compromiso de inversión es por US$ 3.584.262.

La Contraloría también hace referencia a los Lotes N° 20, 21 y 37 a nombre de Inversiones Rurales Antequera SA (cuyo presidente es Óscar Antonio Rubiani Yanho) que presentó nota de rescisión de contrato y tenía un compromiso de inversión de US$ 4.107.798; Lotes N° 10 y 11 a nombre de César Chávez Melgarejo, con inversión de US$ 798.295; y los Lotes N° 29, 30, 31, 32 y 33 a nombre de Ter Yi Wang con un compromiso de inversión de US$ 3.554.260. En ninguno de ellos se verificó inversión alguna según la Contraloría.

Descargos no convencen

El mismo informe de la Contraloría sostiene que los descargos del IPS, a la serie de irregularidades denunciadas, no son convincentes. Uno de esos descargos, por ejemplo, sostiene que habiendo un periodo de gracia dentro del contrato, no se puede exigir el cumplimiento de las inversiones antes de ese periodo, que por lo general es de 3 y 4 años. Sin embargo, la Contraloría asegura que el “cronograma físico y financiero”, dentro de los contratos, “establece inversiones físicas desde el primer año de arrendamiento”, lo que no se cumple.