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En la zona se prevé tumbar dos kilómetros lineales de árboles nativos. La obra es impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y en ese tramo, que es el segundo y está a cargo del consorcio Las Residentas, integrado por las firmas CIV SA (Isacio Vallejos) y M&T Construcciones (Julio Mendoza), se continuaba ayer con el talado. Sin embargo, ni las empresas constructoras ni el MOPC solicitaron permiso a la Comuna luqueña para ese trabajo y tampoco presentaron un plan de arborización, según la Lic. Leticia Céspedes, asesora ambiental comunal.
La profesional dijo que las empresas se exponen a una millonaria multa por violar la ordenanza Nº 12/97 que reglamenta la poda o derribo de árboles y forestación en la ciudad de Luque”. En el documento se establece que por cada poda sin autorización y sin plan de reforestación, el responsable se expone a una multa de 5 jornales mínimo (G. 315.000) por cada árbol derribado. Es decir, por los 50 árboles talados hasta ayer las firmas constructoras deberían abonar una multa de G. 15.750.000 y de no tener el permiso municipal el monto podría ser de unos G. 30.000.000. Además, se estipula una multa “extra” de 10 jornales mínimos por cada árbol nativo derribado.
Céspedes indicó que elevarán un informe a la Asesoría jurídica municipal y luego se denunciaría del hecho a la fiscalía del Ambiente por la violación de la Ley 716/96.
Al respecto, Gloria Rolón gerente ambiental de la empresa Heisecke, una de las firmas constructoras de la autopista, indicó que el tramo uno donde ellos ejecutan las obras, fue mínima la tala de árboles y, además, cuentan con autorización de la Secretaría del Ambiente (Seam), con un plan de reforestación.
También intentamos conversar con “Las Residentas”, responsable del tramo dos que incluye Luque, pero no atendieron las llamadas.