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La empresa Enrique Díaz Benza (EDB) y su subsidiaria Constructora Asunción recurrieron al Tribunal de Cuentas en el caso de la sanción que se les aplicó por obra inconclusa y de mala calidad tras una denuncia de la contratante, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
Así confirmaron a nuestro diario fuentes de la empresa del Estado, que había denunciado al grupo contratista en cuestión ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el 2013, exigiendo de paso la devolución de G. 600 millones por la no ejecución de obras previstas en el correspondiente contrato.
La DNCP emitió recién en febrero de este año una resolución por la que inhabilita a las empresas mencionadas a contratar con el Estado durante cuatro meses, sanción sumamente leve si se considera el gran perjuicio causado al Estado, porque se debe construir de cero otro sistema de alcantarillado sanitario, según sus técnicos.
El caso se remonta al 2009, cuando la Essap, presidida entonces por el Ing. Emiliano Insfrán, otorgó a Constructora Asunción un contrato de G. 2.860 millones para construir 3 km de alcantarillado sanitario en la cuenca de la Universidad Católica. El plan, sobrefacturado y con varios años de atraso, pretendía suprimir las descargas de efluentes cloacales en el arroyo Ferreira (afluente del río Paraguay), con redes subfluviales.
Ejecutó el 70% y usó otro tipo de material
Informes de la Essap y de la propia DNCP de 2012 señalan que la obra fue ejecutada solo en un 70 por ciento por Constructora Asunción. Encima le pagaron de más G. 280 millones.
No solo eso. El informe también reveló que la empresa, mediante adendas, cambió el trazado y el tipo de material que debió utilizar.
Varios años después de la presentación de la denuncia para que Contrataciones emitiera su resolución, la Contraloría General de la República sigue sin producir la suya. El ahora excontralor Óscar Rubén Velázquez había argumentado que “el informe de su investigación dependía de la conclusión del trabajo” de la DNCP.
EDB tiene un frondoso antecedente de mala ejecución de trabajos.
El último cuestionamiento saltó el año pasado. La cartera de Obras Públicas, pese a la serie de denuncias sobre la mala ejecución del ya citado alcantarillado en la cuenca de la Universidad Católica, le volvió a adjudicar un contrato, esta vez por US$ 28 millones (alrededor de G. 158.760 millones al cambio actual de G. 5670 cada dólar), para construir el Acceso Este.