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La acción de certeza constitucional planteada ante la Corte Suprema de Justicia no está logrando el objetivo que tenía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al promoverla. Su intención era obtener una declaración que le permitiera “puentear” a la Contraloría y a su dictamen, para finalmente adjudicar la licitación del aeropuerto al consorcio Sacyr-Agunsa. Días atrás la máxima instancia judicial dictó una providencia por la cual ordena que se le corra traslado de la acción a la Contraloría, y con ello, el ente auditor tendrá la posibilidad de discutir los argumentos del MOPC.
El traslado a la Contraloría se hace a pedido de la Fiscalía que a su turno había solicitado que se le interrumpiera el plazo para contestar, hasta que se contara con los argumentos de la Contraloría (ver facsímil).
Hasta ayer la Contraloría no había sido notificada de la nueva providencia, según nos informaron.
Dictamen que “molesta”
La licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi por Alianza Público-Privada (APP) está paralizada desde hace casi un año, luego de que una denuncia de un grupo de senadores motivara una auditoría de la Contraloría que reveló irregularidades.
Como resultado la Contraloría recomendó la cancelación de la licitación. Aunque en principio el MOPC había prometido respetar la recomendación, finalmente terminó recurriendo a la Justicia.