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Así lo adelantó ayer el ingeniero Augusto Ríos Tonina, quien sostiene que la ley no permite incrementar más del Índice de Precios del Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Explicó que la denuncia se hará por una determinación establecida en 2009 por el Ejecutivo –a cargo de Lugo y como ministro de Hacienda, Dionisio Borda– cuando el IPC llegó a 6% y el incremento decretado fue de más de 12%. Incluso, expresó, existe un dictamen de la Contraloría General de la República sobre el tema.
Señaló que presentarán la denuncia para que la Fiscalía investigue el caso y defina la situación.
Ríos Tonina apuntó que en el mismo sentido también la última decisión del Ejecutivo a cargo de Federico Franco, de aumentar los valores a 18%, no corresponde.
Los valores fiscales de los terrenos urbanos y rurales son establecidos cada año por Catastro y puestos en vigencia por decreto, sirven de base para la determinación del impuesto inmobiliario administrado por las municipalidades.
Para el próximo año, el decreto del Ejecutivo aumentó el valor en 18% con relación al ejercicio anterior.
Argumenta que el incremento se realiza teniendo en cuenta el IPC elaborado por el BCP y la norma constitucional que señala que la obligación tributaria debe atenerse a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país.
De acuerdo a la explicación de técnicos de Hacienda, la entidad está habilitada por ley impositiva a ajustar los valores al nivel de inflación y también hasta un 15% para la recuperación de los valores atrasados de los inmuebles.