/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/2GYCXB5SMJGARJYFOVZDJYBGEI.jpg)
Cargando...
A continuación detallamos la cronología documentada de los hechos sobre la extracción de tierra del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi para un supuesto desvío del arroyo Itay, sin evaluación de impacto ambiental. Los lectores podrán sacar sus propias conclusiones sobre el caso basados en estos datos.
En fecha 10 de diciembre, Dinac solicitó el permiso a Seam para realizar la obra, sin hacer mención alguna al Art. 9 de la Ley 294 que exime de la evaluación de impacto ambiental. La nota fue remitida a la Dirección General de Control de Calidad Ambiental, a cargo de la Ing. Agr. Gloria Rivas.
De ahí, Rivas remitió el pedido a la Dirección de Recursos Hídricos a cargo de Silvia Spinzi (luego “renunciada”), para que dé su parecer técnico. En fecha 14 de diciembre, Spinzi respondió que el proyecto presentado por Dinac tiene que pasar por el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
Luego, Rivas remitió el caso a la Asesoría Jurídica de Seam, cuyo titular es Ángel Lird, para que dé su parecer legal y ella agrega la consulta acerca de si la obra se puede enmarcar dentro de las disposiciones del Art. 9 de la Ley 294/93, sin que Dinac haya solicitado todavía esto.
En fecha 17 de diciembre, el asesor legal responde que no corresponde, a través de un primer dictamen, ya que ni siquiera Dinac solicitó el permiso con base al mencionado artículo.
Posteriormente, la asesora externa del ministro de Seam, la Abog. Sheila Abed, dictaminó en fecha 15 de enero de 2013 que el caso “se puede” encuadrar en el artículo 9 de la Ley 294, con ciertas pautas ambientales, haciéndole responsable al que ejecuta la obra y a través de una resolución.
No hubo tal resolución, sino apenas una escueta nota de Seam que habla de la eximición de la evaluación de impacto ambiental, sin mencionar medidas de mitigación y sin responsabilizar a nadie.
Pero, lo más llamativo es que para esa fecha, aún la Dinac no había realizado el segundo pedido, que se hizo posteriormente (quizá apenas horas después) a través de una segunda nota, la N° 100 del 15 de enero de 2013, por medio de la cual sí pide apelar al Art 9 de la Ley 294 (evidentemente, hubo una conversación previa entre ambas instituciones).
Posterior a todas las maniobras de la Seam, Rivas remitió a la directora de Recursos Hídricos el dictamen de Sheila Abed, pero Spinzi no le respondió. Luego, Spinzi renunció y fue reemplazada por Daniel González, exsecretario general de la Seam, que tuvo acceso a todos estos documentos y a todo el proceso.
A raíz del nuevo pedido de Dinac, alegando que el aeropuerto es de uso militar por una desafectación hecha por decreto a favor del Ministerio de Defensa, le otorgan el dictamen jurídico positivo y el permiso (nota N° 735/13 del ministro de Seam, Heriberto Osnaghi, dirigido al titular de Dinac, Carlos José Fugarazzo).
El permiso de proceder a las excavaciones con eximición del estudio ambiental fue finalmente concedido el 28 de enero del 2013.
Los más beneficiados
En toda esta historia que involucra a DInac y Seam, en realidad el más beneficiado es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dirigido por Enrique Salyn Buzarquis, que debe acelerar a como dé lugar los trabajos de la futura autopista Ñu Guasu, obra en la que se está usando la tierra extraída del aeropuerto Silvio Pettirossi. Otras beneficiadas son las empresas del consorcio Las Residentas, que presupuestaron lo equivalente a más de un millón de dólares en su contrato con el MOPC para el terraplén del tramo II de la autopista, pero recibieron prácticamente gratis la tierra del aeropuerto.
Componen el consorcio: CIV de Isacio Vallejos, decano de la Facultad de Ingeniería UNA, y M&T de Julio Mendoza, titular de la Cámara de la Vivienda.