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El ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, titular de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), detalló que las multinacionales procesarán el 60% de los granos y exportarán en grano el 40% restante.
En consecuencia, las multinacionales abonarán a Hacienda solo el 40% del valor del impuesto retenido por el 100% del grano comprado.
“El monto del impuesto que se guardarán las industrias multinacionales con datos de la presente zafra podría ser de unos US$ 300 millones, mientras que el monto total invertido por las industrias en los últimos 10 años es de U$ 480 millones, lo que resulta en un muy buen negocio, porque en dos campañas ya se puede recuperar totalmente dicho monto”, destacó.
Cristaldo cuestionó que si el hecho generador del impuesto es la exportación, ¿como se podrá saber si la soja exportada proviene o no de la chacra de un productor de menos de 20 hectáreas hasta la barcaza que sale del país para no retenerle el 10% sobre el valor de despacho?
¿Cómo se podrá cobrar al productor un impuesto sobre el precio al cual el exportador va a vender su producto?, interrogó.
Dijo que el gravamen es de cumplimiento imposible, es un adefesio, un “Frankenstein” que castigará al productor no con 10%, sino con un 15% de reducción en el precio de su materia prima entregada al silo.
Explicó que eso se debe a que el cálculo del 10% es sobre el valor de despacho, lo que conlleva otros costos.
“Un impuesto político”
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y directivo de la UGP, Germán Ruiz, explicó que es muy sospechoso que días antes de unas elecciones coloradas y en puertas de las internas del PLRA se haya tratado sobre tabla y como único punto en una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores este proyecto, que recibió media sanción.
Se trata de un impuesto político que lo pagará el productor y que podría estar financiando alguna campaña electoral de cierto candidato, señaló.
A su vez, el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (UGP), Gustav Sawatzky, dijo que rechazan categóricamente la aplicación del gravamen a la exportación de granos en estado natural.
“Un no rotundo y categórico decimos al proyecto de impuesto a la soja. Es imposible, es inviable. Tendrá consecuencias negativas para toda la población, como está sucediendo en Argentina, donde los productores ya solo alquilan sus tierras y máquinas a las empresas, para irse a vivir a trabajar a las ciudades”, dijo.
Estamos a favor de revisar el IVA agropecuario, de ver alternativas justas y equitativas y no discriminatorias como el que se pretende.
A su vez, el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Ulrich Bauer, explicó que con el impuesto se perderán muchos mercados, como el de Alemania y otros de Europa, que solo quieren comprar granos, y no quiere aceite, razón por la cual buscarán otros proveedores.
A su turno, Simona Cavazzutti, de la Central Unicoop, dijo que con el impuesto a la exportación de granos se castigará especialmente fuerte a los rubros de maíz y trigo, que podrían bajar drásticamente en área de cultivo.
“El trigo y el maíz constituyen rubros complementarios del sistema de la soja, que muchas veces se implementa para no dejar la tierra sin trabajar en los periodos invernales de entrezafra, más que por la escasa rentabilidad que suelen tener, pero con el impuesto será desalentado”, dijo.
Según los datos de la UGP, en la presente campaña se espera cosechar unos 8,2 millones de toneladas de soja de unos 3 millones de hectáreas; ya se recolectaron 3,1 millones de toneladas de maíz y 1,4 millones de toneladas de trigo, y cerca de 257.000 toneladas de girasol.