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La festividad de la Virgen de Caacupé –la más importante del devocionario católico paraguayo– congrega a miles de compatriotas ante la basílica cordillerana, tanto para venerarla como para escuchar a los más altos prelados de todo el país. De hecho, se trata de una ocasión para reflexionar acerca de los grandes temas de la realidad nacional, algo que no se estila ni siquiera en los días patrios. En líneas generales, esas cuestiones se repiten cada año, lo que implica la persistencia de una serie de problemas que afectan gravemente a nuestra sociedad y de cuya resolución no solo son responsables los gobernantes. Sin duda, uno de ellos es la corruptela que socava la moralidad pública, genera injusticia y frena el desarrollo, para bien de unos sinvergüenzas y para mal de las personas honestas. Es de amplia gama, pues se extiende desde las licitaciones amañadas hasta el soborno para evitar una multa de tránsito: saca provecho incluso de una pandemia, demostrando que la sensibilidad de sus protagonistas es propia de unos criminales. Pueden confiar en quedar impunes, pues los órganos encargados de combatirlos se destacan no solo por la ineficiencia, sino también por la corrupción que los contamina. Se roba a lo largo y a lo ancho del aparato estatal, incluyendo las gobernaciones y las municipalidades, con la obvia complicidad del “sector privado” que vive de las contrataciones públicas.
De hecho, el Estado sirve para la corrupción que supone instalar en el Presupuesto a una clientela política mucho más leal a sus patrones que a la ciudadanía, distrayendo fondos necesarios para atender el bien común y hasta endeudando a las futuras generaciones para abonar sus inmerecidos sueldos. Como no se distingue entre el patrimonio público y el privado, se hace uso de los recursos humanos y materiales solventados por los contribuyentes para atender intereses particulares o simplemente se los derrocha como si ya estuvieran satisfechas todas las necesidades en materia de salud, de educación o de infraestructura. Por si aún hacía falta, la situación de emergencia sanitaria está evidenciando unas carencias, cuyas fatales consecuencias se habrían evitado si a lo largo de los años se hubiera invertido más y –sobre todo– mejor. Lo mismo cabe decir del catastrófico sistema educativo, que compromete el porvenir de niños y jóvenes privados de conocimientos básicos, debido al malgasto y a la ineptitud de sus maestros. También es menester ampliar la infraestructura vial, para lo cual es preciso que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deje de ser una copiosa fuente de ingresos ilícitos.
La deshonestidad reinante también afecta la seguridad de las personas y de sus bienes, pues tampoco la Policía Nacional escapa a esa lacra: abundan los delincuentes uniformados, sin que se lleve a cabo la depuración anunciada una y otra vez. El crimen organizado, con el narcotráfico y el asesinato por encargo como correlatos, ha hincado sus garras incluso en entidades públicas, utilizando el país como puerto de embarque de toneladas de cocaína exportadas a Europa; la ingente cantidad de dinero sucio que maneja puede comprar conciencias en las altas esferas del poder político, como ya lo denunciaron desde allí mismo hace siete años. La fuerza pública se muestra incapaz de brindar seguridad a la población atacada no solo por motoasaltantes o sicarios de la mafia, sino también por unas bandas criminales que siguen matando y secuestrando en el nordeste de la Región Oriental, sin que haya visos de que pronto sean derrotadas. Ante la impotencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), insertada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), ahora mismo debemos lamentar el secuestro de otro miembro de la laboriosa comunidad menonita, que se suma a otros tres compatriotas hoy en poder de los criminales, de quienes nada se sabe.
Si en el campo interno hay gravísimos problemas, en el externo se presenta un desafío de singular relevancia, es decir, la renegociación del Anexo C del leonino Tratado de Itaipú, prevista para 2023. Es imperioso que, para poner fin a la injusticia, se convoque cuanto antes a compatriotas idóneos y honestos que expongan con firmeza nuestras reivindicaciones. Precisamente, un grupo numeroso de jóvenes que peregrinó a Caacupé expresó su preocupación sobre este tema y, en un manifiesto, reclamó una negociación honesta en defensa de nuestros intereses.
Ese mismo año se realizarán las elecciones generales, para lo cual ya se están desarrollado algunas campañas apenas encubiertas, incluso desde el Poder Ejecutivo. La ciudadanía volverá a ejercer así su facultad de decidir sobre el destino del país, para lo cual es imperioso que actúe con responsabilidad, considerando que los males descritos son atribuibles, en gran medida, a las deplorables actuaciones de personas elegidas por ella misma. En última instancia, su bienestar dependerá de la sensatez que exhiba en las urnas, o sea, de que no se deje engañar ni sobornar por quienes solo aspiran a vivir muy bien a costa de la gente que trabaja y produce. Los votantes no deberían apoyar a sus verdugos, sino a personas capaces e íntegras que, desde el Palacio de López, el Congreso y el Gobierno departamental, creen el marco adecuado para que la gente viva mejor, gracias a su esfuerzo cotidiano.
Es de esperar, en fin, que el 8 de diciembre del próximo año el Paraguay esté en mejores condiciones, gracias a que sus hijos se han rebelado contra las injusticias y reclamaron sus derechos pacíficamente, pero con la suficiente energía, mal que les pese a los sinvergüenzas y a los inútiles.