Cargando...
La Secretaría de Estado de Tributación halló indicios de lavado de dinero en el patrimonio del exconcejal municipal y actual candidato a senador Luis Paciello y la respuesta del afectado es que “no es pecado tener plata”. Por otra parte, un tribunal absolvió al exdiputado y exministro del Ejecutivo Dany Durand, procesado por falsa declaración jurada de bienes. El tribunal alega a favor del procesado de que nadie está obligado a declarar en su contra, recurso, en realidad reservado, para los casos de declaración indagatoria, no así en la declaración jurada de bienes, requisito ineludible para quienes ejercen la función pública.
Estas insólitas reacciones constituyen una burla a las leyes vigentes y a las instituciones creadas para controlar y evitar los abusos de poder, tratando, a la vez, de poner freno a los incontenibles casos de corrupción. Con estos dos casos, una vez más, se pone en evidencia que no existe situación que no encuentre arreglo en los vericuetos de la burocracia, siempre y cuando se trate de corrupción en que estén implicados políticos influyentes, inclusive de bajo rango.
Dany Durand ejerció la diputación y el cargo de ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y fue procesado por la Fiscalía de Delitos Económicos por haber mentido en la declaración que presentó ante la Contraloría en los ejercicios 2018/19. Los miembros en mayoría del tribunal que lo absolvió alegaron que no se puede considerar como declaración jurada falsa la presentación de inmuebles y bienes que superen el patrimonio del funcionario, alegando el derecho a no declarar en su contra. Además, el juicio oral y “público” se hizo a puerta cerrada con el pretexto de evitar escrache a los jueces.
Tiene razón la fiscala Natalia Fúster al decir que la declaración falsa está tipificada en el art. 243 del Código Procesal Penal y al considerar que la decisión de los jueces “es una invitación a los funcionarios públicos a declarar datos falsos en la declaración jurada a futuro, sin que por ello tengan sanción alguna”.
En el caso de Luis Paciello, el descubrimiento de la SET sobre el exorbitante aumento del patrimonio de una persona que de ganar el sueldo mínimo, en pocos años, declara tener cuatro empresas, 12 terrenos y una costosa residencia, no hace sino corroborar las publicaciones que se hicieron en su momento para mostrar el escandaloso enriquecimiento de ciertas y determinadas personas, apenas ponen pies en la arena política. Luis Paciello es yerno del expresidente Fernando Lugo y su enriquecimiento abrupto se produjo luego de terminar la presidencia del exobispo.
La instauración de la Declaración Jurada de Bienes fue, en su momento, una conquista de la lucha ciudadana, en el afán de poner freno a la masiva y contagiosa corrupción en la administración pública, la cual tuvo obstinada resistencia, primero para su aprobación y luego para su cumplimiento. Para ello, los afectados por la medida encuentran siempre el apoyo solidario de otros corruptos, como ellos, ya sea en la Contraloría, la Fiscalía o la Justicia Ordinaria para tapar las huellas de sus fechorías, y de esa manera tocar, entre todos, la sinfonía de la impunidad en una orquesta exquisitamente entrenada para esquilmar a los contribuyentes.
Se ha dicho y lo repetimos, la función pública es una carga y el funcionario está en su puesto para servir al pueblo, al que debe toda su lealtad, no importa quién lo haya nombrado ni a qué partido pertenezca. Nada de eso lo exonera de su deber de servir al público y no de servirse de la cosa pública, cuyo custodio o administración se le confía, con cargo de rendir cuenta.
Esta antigua forma de entender la función del servidor público fue dejada de lado como resultado de una grosera intromisión de las cuestiones político-partidarias en los asuntos de Estado, esfera que corresponde a las instituciones públicas y no a los partidos políticos, echándose a perder, de esa forma, la confianza en la idoneidad y la honestidad de los funcionarios. La exigencia legal de la declaración jurada de bienes es una forma creada para restaurar aquel giro dado al intento de evitar que los funcionarios se apropien de los bienes públicos y acrecienten sus fortunas por ese medio.
Pero el remedio parece haber sido peor que la enfermedad, desde el momento que los hechos de corrupción no encontraron freno con esta medida y de esa manera, en vez de terminar o disminuir, aumentaron y con ellos los hechos puntuales de impunidad, con lo cual la disputa interna de partidos políticos o de intercambios de acusaciones de deshonestidad entre ellos, se han trasladado impúdicamente al campo judicial, no solo como publicidad obscena de robos, malversaciones, fraudes y hechos similares, sino como un campo de competencias apestosas de que o quiénes políticos tienen las manchadas manos más pesadas para inclinar la balanza de la “justicia” a su favor.
De esta forma la vitrina de denuncias sobre corrupción pública ha dejado de ser solamente exhibiciones groseras de corrupción para convertirse en una cuestión prácticamente siquiátrica de quienes compiten en la ostentación de sus bienes malhabidos, causando con ello verdaderos daños colaterales en la moral de gente humilde que batalla para cubrir apenas sus gastos diarios, pero asisten perturbados a un verdadero certamen de quién roba más a las arcas del Estado.
Lamentablemente, a la ciudadanía le cuesta aún discernir al momento de votar, quiénes son los ladrones que se enriquecen en la función pública y en la política, y por tanto no merecen ser elegidos para cargo alguno. No obstante, es hora de poner el empeño en hacer esa distinción y contribuir desde abajo para realizar una barrida justa contra los corruptos que todos conocemos en las próximas elecciones.