Cargando...
Los consejos de administración en general, y el del IPS en particular, son órganos corporativos de inspiración fascista cuya única función es contentar a gremios y a grupos de presión, a la par de dar la falsa impresión de que los sectores involucrados participan en el rumbo y el destino de la institución. El IPS tiene en el Consejo, además del presidente, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio del Trabajo, un representante “de los trabajadores”, un representante “de los jubilados” y un representante “de los empleadores”. Cada uno cobra un sueldo mensual de 42 millones de guaraníes, más extras, más multiplicidad de prerrogativas, más beneficios por tráfico de influencias y nepotismo, más una cantidad impresionante de funcionarios a su disposición.
El primer problema es quién los elige y cómo. Al presidente y a los miembros de los ministerios de Salud y del Trabajo los designa directamente el Poder Ejecutivo. El primero decide cuál será la agenda y tiene voto de desempate, lo que de por sí le asegura el control y la mayoría al gobierno de turno y deja a los integrantes del sector privado poco menos que como costosos floreros. A estos también los nombra el Poder Ejecutivo, pero a partir de ternas supuestamente propuestas (ni eso se cumple a veces) por las centrales obreras, las asociaciones de jubilados y pensionados y la Feprinco, que ni de cerca engloban una porción siquiera considerable de los estamentos cuya representatividad se subrogan.
Al margen de ello, si bien el Consejo de Administración en los papeles es el encargado de definir las políticas y de aprobar o rechazar las grandes decisiones del IPS, en la práctica solo actúa como una instancia validadora, prácticamente consultiva en el mejor de los casos. Como los miembros no tienen funciones ejecutivas, tampoco tienen que rendir cuentas sobre los manejos administrativos. Y dado que la Presidencia tiene la mayoría de facto, si alguien está en desacuerdo le basta con votar en disidencia para supuestamente salvar su responsabilidad o la de sus gremios, sin que ello cambie nada. Con eso se lavan las manos. Es rarísimo que por lo menos salgan a denunciar, y mucho menos a renunciar al jugoso zoquete.
Como consecuencia, por un lado el Consejo simplemente aprueba lo que viene de la Presidencia y, por el otro, no tiene ninguna incidencia –en caso de que hubiera interés– en mejorar las condiciones presentes y futuras del Instituto, y a las pruebas nos remitimos.
Un ejemplo reciente es la aprobación del contrato colectivo para todos los funcionarios, con aumento salarial anual generalizado y automático del 5% como mínimo, aguinaldo extra, bonificaciones por doquier y permisos de ausencias que pueden llegar hasta de 266 días en el año. Aun cuando es ad referéndum del Presupuesto 2024, el documento fue rubricado internamente, y hasta homologado sigilosamente por el Viceministerio del Trabajo, y solo se conoció porque una copia se filtró a la prensa, no porque lo haya denunciado algún consejero. Habría que preguntarle al representante de los empleadores si otorga este tipo de beneficios a sus empleados en su empresa privada.
Tampoco hace nada el Consejo para que se cumpla la ley, por lo que cabe preguntarse para qué está entonces. De hecho, en muchos casos la ley es violada por sus propios “representados”, sean trabajadores o empresarios. La evasión directa es del 90% si se considera que apenas 65.000 empresas están inscriptas, de las 700.000 que se estima existen en el país, según el MIC. Pero, además, hay una formidable evasión indirecta, por la vía de la subdeclaración. Más del 80% de los asegurados cotiza por el sueldo mínimo, cuando la realidad es que un alto porcentaje gana más, pero ellos y sus empleadores solo aportan por el básico. Y como la jubilación se calcula sobre el promedio de los tres últimos años, es práctica común que se haga figurar el mínimo por la mayor parte de la vida laboral y se haga un blanqueo en el trienio final.
Según se le escapó a un vocero del principal sindicato del ente, el IPS tiene ¡26.000! funcionarios permanentes y contratados. No le deben faltar buenos profesionales para administrar la institución, bajo la fiscalización de un órgano de supervisión independiente y superior, como la Superintendencia de Bancos en el sector financiero, para asegurar que las decisiones se encuadren dentro de normas internacionalmente aceptadas, así como para detectar tempranamente (no a posteriori) los posibles desvíos, irregularidades o cualquier hecho que pueda comprometer su solvencia. El Consejo de Administración está totalmente de más.