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Ante publicaciones originadas en la prensa especializada, la compañía Paracel S.A. ha aclarado en un comunicado que sigue en pie y dentro del cronograma su proyecto de instalación de una planta de celulosa en Concepción, aunque admite que el cierre financiero de este megaemprendimiento de 3.200 millones de dólares hoy está sujeto a las condiciones del mercado internacional de capitales. La gigantesca inyección de circulante sin respaldo que se produjo en el mundo durante la pandemia ha provocado inflación y consecuente alza de las tasas de interés a nivel global. Con la actual calificación de Paraguay, el costo de la obtención de recursos en estas circunstancias se ha elevado muchísimo, al punto de poner en duda esta y muchas otras importantes inversiones. Muy distinto sería si se avanzara a la categoría de “grado de inversión”, que no está muy lejos. Un excelente ejemplo concreto de por qué es necesario realizar reformas que fortalezcan el potencial económico, reduzcan los riesgos y aumenten el atractivo del país.
Estas calificaciones las otorgan las grandes consultoras de riesgo, tales como Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y otras. Nos guste o no, estemos o no de acuerdo, independientemente de lo que cada uno pueda pensar u opinar de ellas, la realidad es que constituyen los principales marcos de referencia tomados por los bancos, las casas de bolsa, los inversionistas para adoptar sus decisiones e incluir o no a un país en sus portafolios. Cuando mejor la calificación, más atracción por invertir y menor el costo del dinero.
La buena noticia es que las calificadoras han tenido una visión bastante auspiciosa de Paraguay, sobre todo en comparación con nuestra convulsionada región. La última revisión importante fue la de Moody’s el año pasado. Mantuvo la calificación Ba1 para 2022, pero elevó su percepción del país de estable a positiva, lo que lo deja muy cerca de pasar al siguiente nivel.
El ranking de Moody’s consiste en una escala de 21 rangos, donde AAA es el mejor y principal, con riesgo casi cero, y C es el peor e indica bancarrota y cesación de pagos. El rango Ba1, en el que está Paraguay, ocupa el lugar 11, del medio para abajo, y todavía se encuentra dentro del “grado de no inversión especulativo”, pero a solo un escalón del “grado medio inferior”, a partir del Baa3, el primero del llamado “grado de inversión” al que se aspira alcanzar.
La calificación Ba1 no es suficiente, pero es mejor que la de Brasil, catalogado por Moody’s como Ba2, y mucho mejor que la de Argentina, que es Ca, al borde del default, lo cual de alguna manera le da al país una ventaja comparativa y una buena imagen relativa que hace que sea visto con buenos ojos por agentes económicos del exterior interesados en esta región.
Sin embargo, dado que el rango es aún “especulativo”, ello sugiere que los inversores tenderán a evaluarlo como una apuesta a la que eventualmente destinar una parte relativamente pequeña de sus carteras con la perspectiva de conseguir una buena ganancia si sale bien, pero con un porcentaje todavía importante de posibilidades de que salga mal. Obviamente, a mayor riesgo mayor costo.
La situación cambiaría radicalmente si se pasara a la categoría Baa3. Para ello, la propia Moody’s vincula cualquier posible progresión a las prontas aprobación e implementación de una serie de leyes y reformas, tales como la del servicio civil, la de contrataciones públicas, las que completan el marco de prevención del lavado de dinero, las relativas a la Caja Fiscal y otras, para asegurar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia del gasto público, así como potenciar nuestro perfil de crecimiento.
La nueva ley de contrataciones públicas está sancionada y promulgada, falta la reglamentación y el cumplimiento. El proyecto de nueva ley de la función pública ya se presentó, debe ser discutido en el Congreso, aprobado sin ser desvirtuado e implementado con firmeza. Sobre la reforma de la deficitaria Caja Fiscal, que administra las jubilaciones y pensiones de los funcionarios, no hay avances. Es un tema complicado y conflictivo, pero que necesariamente debe ser abordado, porque el saldo rojo es exponencial y amenaza con licuar las finanzas públicas. También hay que encarar otras reformas estructurales, como la previsional, la laboral, la del sector eléctrico, así como llevar adelante una renegociación exitosa de los términos del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Todos estos temas deben figurar claramente en la agenda del próximo Gobierno. La imagen del Paraguay ha mejorado mucho en los últimos años. No es descabellado pensar en escalar al grado de inversión y poner al país en una posición mucho más ventajosa para la radicación de grandes inversiones que generen oportunidades, empleos, crecimiento y contribuyan con el desarrollo nacional, pero para eso hay que hacer bien los deberes.