Buses

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) quiere solicitar al Gobierno coreano un crédito por valor de unos 200 millones de dólares para adquirir 2.000 buses a ser alquilados con opción de compra (“leasing”) a las empresas de transporte interesadas, las que deberán entregar sus vehículos con más de 15 años de antigüedad para que el ministerio las convierta en chatarra. Se buscaría así erradicar definitivamente de las calles y avenidas los cada vez más numerosos buses obsoletos. La intención es plausible, pero la vía elegida para poner fin al agudo problema es inútil e inconveniente.

Se endeudará a todos los paraguayos y paraguayas –es decir, al Estado– porque unos transportistas irresponsables y sinvergüenzas no cumplieron con su obligación de mantener una flota en buenas condiciones, sin que ni la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama) ni la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) hayan sido capaces de tomar a tiempo las medidas correctivas.

En los años 90 se trató de solucionar el enervante problema mediante créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento a los empresarios del transporte. Los prestamistas ofrecieron los propios buses a ser adquiridos como garantía de pago (!) y el banco estatal aún sigue esperando el pago de unos 84 millones de dólares. Ahora se afirma que el costoso fracaso no se repetiría porque el Estado conservará la propiedad de los vehículos a ser utilizados contra el pago de un alquiler debitado de los ingresos derivados del boleto electrónico. El uso de este boleto aseguraría el conteo de los pasajeros y terminaría con el fraude cometido por los choferes en perjuicio de sus empleadores, de lo que se deduce que el precio del pasaje incluye la compensación –a costa del pasajero– de las sumas sustraídas. Si así fuera, la introducción del boleto electrónico, que impedirá el fraude, tendría que reducir el precio del pasaje.

Sin embargo, se anuncia que las nuevas unidades tendrán una tarifa más cara, de modo que el débito por el pago del alquiler del ómnibus provocaría un aumento del precio no solo para que los transportistas mantengan su margen de ganancia, sino incluso para que lo incrementen. Curiosamente, pese a que contempla el débito, el proyecto del MOPC prevé también que se cancele el permiso de explotación al operador que no pague sus cuotas por tres meses, con lo cual revela que no ha sido bien meditado ni siquiera para evitar contradicciones.

Si el Estado seguirá siendo el dueño de los buses, los arrendatarios no tendrán mucho interés en conservarlos en buenas condiciones. Si no tienen ese interés hoy con respecto a sus propios vehículos, mal podrían tenerlo con respecto a los ajenos. Si se estropearan y los órganos de control cumplieran con su deber de exigir un servicio de buena calidad, ¿se rescindiría el contrato de “leasing” y el Estado recuperaría los vehículos? En tal caso, ¿qué haría con ellos? ¿Los repararía a su costa o pasaría la factura a los exarrendatarios para ofrecerlos a otros empresarios del sector, disminuyendo quizá el precio del alquiler? La modalidad proyectada no asegura que en poco tiempo los buses adquiridos mediante el endeudamiento de los paraguayos sigan en buen estado durante los diez años que duraría el permiso de explotación del servicio. Es decir, los usuarios podrían muy pronto volver a sufrir penurias y arriesgar sus vidas. Los operadores pagarán el alquiler en guaraníes y el crédito será devuelto en dólares. La suba de esta divisa podría obligar a reajustar el precio del pasaje para pagar el préstamo, así como ahora obliga a reajustarlo para responder al encarecimiento del combustible importado. El costo del transporte público dependería así aún más de la cotización del dólar.

¿Qué ocurriría si no hubiera suficientes interesados en alquilar los 2.000 buses? ¿Qué haría el Estado con los sobrantes? El proyecto no obliga a los transportistas a arrendarlos. Estos podrán seguir empleando sus destartalados buses, confiando en que, como hasta ahora, ningún órgano de control los sacará de circulación. Por lo demás, ¿por qué los entregarían para recibir las nuevas unidades, corriendo el riesgo de que sus permisos de explotación sean luego cancelados? No parece muy atractiva la propuesta de entregar un bien propio para que sea convertido en chatarra y recibir a cambio otro en alquiler revocable, aunque se contemple la opción de compra. También se quedaría sin nada si por algún motivo tuviera que abandonar el negocio. En uno u otro caso, ¿qué destino les daría el Estado a los buses “recuperados”? El proyecto parte de la base de que la oferta sería irresistible. ¿Y si la demanda no fuera suficiente para destinar al transporte público los 2.000 buses a ser adquiridos? Ciertamente, se podría inducir a celebrar el contrato de “leasing” si se impidiera que las viejas unidades siguieran prestando el pésimo servicio que prestan, pero nada hace suponer que lo que no se pudo hasta ahora se vaya a hacer mañana. Una pregunta final: al cabo de quince años, ¿habrá que volver a comprar 2.000 buses, mediante otro crédito a ser solventado otra vez por todos los contribuyentes?

El modelo que el MOPC desea implementar deja demasiadas incógnitas colgadas y hará que el costo de la operación recaiga sobre las espaldas de varias generaciones, sin ninguna garantía de que el transporte público mejore a largo plazo. Que los empresarios transportistas, como cualesquiera otros, busquen los caminos para modernizar sus unidades en vez de comprometer al Estado en tamaña aventura. Por de pronto, con que el MOPC les haga cumplir las normativas vigentes ya sería un gran adelanto.