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Si bien el art. 101 de la Constitución dice que los funcionarios están al servicio exclusivo de la nación, muchos son los que en tiempos electorales están sobre todo al servicio de su partido. Esa desviación ilícita está hoy a la orden del día, en notorio perjuicio de quienes abonan los salarios de esos funcionarios, tal como lo acaban de demostrar, por si hacía falta, los miembros de la Coordinadora Colorada de Funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS): en pleno horario laboral, realizaron un mitin para apoyar la candidatura de Arnaldo Samaniego, en compañía del presidente del Consejo de Administración del IPS, Benigno López, y de los consejeros Jorge Magno Brítez y Carlos Morel, así como de la presidenta de la ANR, Lilian Samaniego.
Los asegurados que deseaban una atención médica o debían realizar alguna consulta tuvieron que esperar a que concluyera el bochornoso acto, realizado en el local de la Asociación de Funcionarios y Asociados del IPS (Fipsa).
Aparte de pedir el apoyo para su hermano, también presente, la senadora Samaniego se permitió instar a López a que “reconozca” a los funcionarios colorados de la entidad que preside, es decir, a que les dé un trato privilegiado.
Se diría que el IPS debe atender primero los requerimientos del partido y que los de los asegurados pueden esperar, lo que estaría en consonancia con el mensaje que los dirigentes colorados del Guairá recibieron hace poco del Presidente de la República: antes que nada, el partido, al que los funcionarios colorados le deberían todo.
Se trata de una perversa concepción de la relación entre el Estado y el partido oficialista que, por cierto, viene rigiendo desde la dictadura. En esta cuestión, el “nuevo rumbo” es el mismo de siempre y conduce a discriminar entre los paraguayos según su carnet partidario, en violación del principio de igualdad.
Conste que servir prioritariamente al partido también puede perjudicar a los propios colorados, pues entre los asegurados que tuvieron que aguardar a que terminara el vergonzoso evento también habrán figurado muchos de ellos. Si nadie resultó perjudicado cuando los funcionarios abandonaron sus puestos habrá sido, simplemente, porque están de más, de modo que serían unos parásitos del presupuesto nacional.
A diferencia de los militares y de los policías en servicio activo, los funcionarios pueden estar afiliados a un partido, pero no deben ignorar los incisos b) y d) del art. 60 de la Ley de la Función Pública. La primera cláusula les prohíbe “Trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado”, lo que a todas luces resulta violado por la mera existencia de una Coordinadora Colorada de Funcionarios del IPS, semejante a las células del partido único que actúan en cada organismo estatal de los países aún comunistas.
Que no digan sus miembros que se abstienen de labores político-partidarias dentro del IPS, ya que la mera existencia de dicha organización implica transgredir la norma citada. El segundo inciso referido prohíbe a los funcionarios “Ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial de la dependencia para fines ajenos a lo establecido para el organismo o entidad donde cumple sus tareas; y en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo”.
Quienes asistieron a la reunión de marras ocuparon tiempo de la jornada laboral para realizar una actividad ajena al IPS, y en la medida en que están agrupados partidariamente dentro de la entidad, ejercen allí tareas políticas. Nótese que la prohibición afecta “en especial” a “cualquier actividad política partidaria”, lo que significa que la ley pone singular cuidado en impedir que los funcionarios no cumplan con su mandato de servir solo a la nación.
El sistema democrático separa estrictamente lo estatal de lo partidario, de modo que el Estado no se convierta en un apéndice del partido o viceversa. El Estado integra a todos los ciudadanos, y el partido, como su nombre lo sugiere, a solo una parte de ellos. Lo que hacen los funcionarios colorados del IPS, organizándose partidariamente dentro de la entidad previsional y asistiendo a un mitin en horas de trabajo, es una desfachatez que debe ofender incluso a sus propios correligionarios demócratas. Por supuesto que ellos no son los únicos que bastardean su condición de funcionarios: existe, incluso, una Coordinadora de Funcionarios Públicos Colorados, como si estos tuvieran intereses gremiales particulares.
El grave asunto referido va mucho más allá del IPS y de la actual campaña electoral, pues afecta las relaciones entre personal público y sus respectivos partidos, en general. Tiene que ver con que, por regla general, los funcionarios no se deben a sí mismos, sino al partido al que pertenecen: saben que no están ocupando un puesto por sus méritos y aptitudes, sino más bien por el padrinazgo partidario. Y entonces creen que es su deber sentirse agradecidos, abandonando a los asegurados y a los contribuyentes, que son quienes les pagan el sueldo con sus aportes e impuestos.
Los electores demócratas deberían votar en contra de un partido político que tiene una concepción tan totalitaria de su relación con el Estado.