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De acuerdo con los preceptos constitucionales, los funcionarios públicos están al servicio del país. Un convencional constituyente expresó en su momento que, desde el punto de vista laboral, los trabajadores del sector público “deben gozar al igual que los del sector privado, de todos sus beneficios laborales, y que no debe haber exclusiones”. En la práctica la política salarial del Estado ha ido más allá de esa equiparación, hasta el punto de que los funcionarios gozan hoy de unos beneficios considerables bajo la figura de las “remuneraciones extraordinarias”, que los trabajadores del sector privado solo pueden envidiar.
En otros términos, no solo han conquistado el derecho a sindicalizarse y a declararse en huelga, sino también el de apropiarse de una buena parte de los ingresos del fisco: el 72% de la recaudación se destina al pago de los llamados “servicios personales”.
La Constitución rige desde el año 1992, pero en todo este tiempo no se pudo desmantelar la desigualdad de trato que el Estado otorga a los funcionarios por las más diversas razones, ocasionando de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. En efecto, se observa un verdadero caos en la distribución de las “gratificaciones” que se dispensan con generosidad a los funcionarios, sin previa evaluación de sus respectivos desempeños. De hecho, quienes las perciben gozan de uno o más “aguinaldos” adicionales o, lo que es lo mismo, de un sobresueldo que los convierte en funcionarios que, en algunos casos, pueden tener ingresos superiores, incluso, a los del presidente de la República.
Con base en las presiones de los sindicatos que realizan constantes movilizaciones programadas y amenazas de todo tipo con tal de lograr sus objetivos, los Gobiernos fueron fortaleciendo los privilegios de los trabajadores del sector público, hasta el punto de que los paraguayos son, en términos relativos al ingreso per cápita, los mejor retribuidos en América Latina, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo divulgado en noviembre de 2014.
Hace unos días el Estado destinó 2,8 millones de dólares al pago del “aguinaldo extra” de funcionarios de unas cuantas instituciones. No es la primera vez que se produce este pago extraordinario ya que en años anteriores algunas instituciones llegaban inclusive a pagar hasta cinco gratificaciones anuales.
El propósito de los convencionales constituyentes de 1992 era terminar con la desigualdad existente entre los trabajadores del sector público y del privado, dado que en aquella época los funcionarios, si bien es cierto accedían en la generalidad de los casos a través del padrinazgo político, carecían de los beneficios sociales de los que sí disfrutaban los trabajadores del sector privado.
Es deseable que todo trabajador, sea público o privado, acceda a una buena base salarial, más los beneficios legales. Sin embargo, el caso es que estamos frente a una situación donde “la patronal” de los funcionarios públicos es el país, tal como lo consigna la Constitución cuando se refiere a la naturaleza de la función pública. El empresario puede otorgar a sus empleados los salarios y las gratificaciones que crea convenientes, pues al fin y al cabo el dinero es suyo. En los organismos estatales, sin embargo, se maneja dinero público y, en consecuencia, quien lo administra está obligado a hacerlo responsablemente, sin incurrir en derroches al solo efecto de granjearse la simpatía de los subordinados o de evitar los problemas que puedan crearle.
Se dirá que la ley de presupuesto autoriza el pago de gratificaciones anuales o premios al personal por servicios o labores realizadas, pero dicha autorización está condicionada a una mejor y mayor producción o a resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional, que deben estar bien establecidos. La ley es clara en el sentido de que las gratificaciones no deben ser superiores al equivalente a un mes de sueldo, pero ocurre que, como las partidas ya están incluidas en el presupuesto nacional, los jerarcas “premian” a los funcionarios de una manera rutinaria, sin discriminar entre los haraganes y los laboriosos, los torpes y los eficientes. Simplemente, gastan el dinero público ya previsionado, aunque no concurran las circunstancias que la “gratificación” exige. Los ordenadores de gastos recompensan a todo el mundo, sin intentar siquiera realizar evaluación alguna para conocer los indicadores de gestión de los funcionarios que puedan hacerlos merecedores de recibir el beneficio.
En su proyecto de presupuesto del año en curso el Poder Ejecutivo había propuesto destinar 1,26 billones de guaraníes (US$ 225 millones) a bonificaciones y gratificaciones del sector público, lo que denotan la predisposición política al derroche y la voluntad de ser complaciente con el dinero ajeno. No debe creerse, desde luego, que los funcionarios vayan a esforzarse más para merecer las gratificaciones, ya que lo consideran un sobresueldo normal, que debe abonarse cualquiera sea su rendimiento.
La política clientelar y prebendaria que sigue caracterizando al Estado paraguayo y que se traduce en un desequilibrio presupuestario y otorga un privilegio indebido a unos funcionarios que tienen la suerte de estar instalados en ciertas entidades muy generosas, golpea a la población en general que, además de financiar el festival de repartos, debe sufrir las consecuencias directas de una baja inversión social para mejorar la salud, la educación y otros servicios ofrecidos en pésimas condiciones por el Estado a los sectores más carenciados de la población.