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Un día después de haber revelado que la evasión impositiva es del 30% al 40%, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, gratificó por su presunto buen desempeño a 2.240 subordinados, que recibieron en total 9.000 millones de guaraníes. El próximo octubre volverá a premiar a cada uno de ellos con una suma similar, que en el caso de los funcionarios equivaldrá al sueldo de un mes y en el de los contratados al salario mínimo vigente. El generoso ministro es el mismo que, con toda razón, suele quejarse de que los “servicios personales” consumen una gran parte de la recaudación fiscal, lo que obliga al Estado a emitir bonos para amortizar la deuda pública y encarar la construcción de obras de infraestructura. Y conste que el déficit fiscal acumulado al primer cuatrimestre de este año es de 63 millones de dólares.
Mientras la sobrecargada burocracia de Hacienda es agasajada con un inmerecido premio, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte también de deficiencias en la inversión pública en nuestro país.
Entonces, lo primero que cabe preguntarse es por qué habría que otorgar una remuneración adicional al funcionario o al contratado que cumple con su deber. Es cierto que el Ministerio de Hacienda no les paga por su “presentismo”, es decir por concurrir puntualmente a su lugar de trabajo, tal como se estilaba en otros organismos, pero es indudable que lo que hace es abonar un sobresueldo disfrazado de gratificación, al que debe sumarse el aguinaldo de fin de año. Esa remuneración adicional, mantenida por lo visto en la nueva “matriz salarial”, tiene un carácter colectivo, es decir, se premia por igual al haragán y al laborioso, al torpe y al eficiente. El director administrativo del Ministerio, Jaime Escobar, informó que el plantel recibió el 60% de la gratificación en forma directa y que lo restante se le pagará según una escala de calificación de desempeño, lo que significa que la mayor parte de la recompensa ya fue otorgada sin evaluación alguna. La recibieron todos, los funcionarios y contratados, incluso los de la Subsecretaría de Estado de Tributación, pese a que esta sección del Ministerio es incapaz hasta ahora de reducir la enorme evasión impositiva.
De esta manera, el ministro pierde autoridad moral para exigir a los máximos responsables de otros órganos que dejen de pagar sobresueldos. ¿Por qué habrían de escucharle, si quien debe combatir el derroche es justamente manirroto con el dinero del pueblo? Es decir, el ministro Peña no teme a los contribuyentes sino a los sindicalistas del Ministerio de Hacienda; no quiere que se enfaden, aunque ello implique privilegiar indebidamente a sus funcionarios y contratados a costa de la salud o de la educación públicas. Por cierto, en el momento de premiar al plantel ministerial no se discrimina a los contratados, pese a que todos ellos fueron incorporados en contra de lo dispuesto en la Ley de la Función Pública.
Se debe poner fin al derroche del dinero público. Si es que en verdad se quiere un nuevo rumbo, el Ministerio de Hacienda debe encabezar la cruzada y no constituirse en la primera canilla para continuar desangrando las arcas del Estado.