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El presidente de la ANR, diputado Pedro Alliana, reveló hace unos días que Petropar y la empresa “Benítez y Asociados” acordaron instalar sendas estaciones de servicio en los predios de dos subseccionales partidarias de Fernando de la Mora, en una operación totalmente ilegal. Pese a que el titular de la empresa estatal, Eddie Jara, había afirmado el 17 de enero que no iba a existir “ninguna relación jurídica ni comercial directa entre las partes”, el legislador se ufanó de que se trata de “las dos primeras alianzas público-privadas Partido Colorado-sector privado-Petropar”.
La pregunta que se plantea es si los partidos políticos pueden dedicarse también al comercio, y la respuesta es a todas luces negativa, porque, como son personas jurídicas de derecho público interno, sin fines de lucro, les está vedado realizar actividad económica alguna, privativa de las de derecho privado. Tampoco los estatutos de la ANR contemplan entre sus fines intervenir en operaciones lucrativas. Es cierto que el art. 80 establece que su patrimonio está integrado también “por el producido por las inversiones que realice”, pero entonces resultaría que la ANR tiene fines de lucro, es decir, que puede destinar sus fondos a explotaciones comerciales, como cualquier persona jurídica del derecho privado, con la enorme ventaja de estar exenta del pago de todo tipo de impuestos, según establece el art. 4º de la Ley Nº 4743/12.
Los directivos de Petropar y del Partido Colorado no quieren entender adrede que dar en arrendamiento un inmueble por quince años para que allí funcione una estación de servicio implica intervenir directamente en una operación comercial, y si un partido político puede generar sus propios ingresos, entonces deberían eliminarse de inmediato los cuantiosos fondos públicos que reciben anualmente en forma de aportes y subsidios del Estado, vale decir, con dinero del contribuyente, incluyendo al que no tiene partido. El acuerdo de marras dispone que, como cualquier accionista de una sociedad anónima, la ANR tendrá una participación del 10% en la ganancia bruta del mes, con lo que la intervención del partido en el negocio se vuelve directa. Encima, el partido estará muy interesado en que las ventas mensuales de la firma “Benítez y Asociados”, cuya administración controlará, según lo convenido, sean lo más considerables posible. Es presumible, así, que, en adelante, miles de vehículos del sector público sean abastecidos exclusivamente por las estaciones de servicio “coloradas”, con lo que se agravaría la competencia desleal de la que ya en su momento habló el directivo de Copetrol, Blas Zapag.
Este mismo partido, que en los últimos cuatro años recibió más de cien mil millones de guaraníes en concepto de aportes y subsidios estatales y que cuenta con empleados a sueldo de la Justicia Electoral, va a dedicarse ahora a vender combustibles con un inquilino. Mañana podría abrir un supermercado o un centro de compras, eventualidad que, vale la pena recalcar, remite a la cuestión de por qué debería seguir recibiendo fondos públicos si puede ganar dinero en el mercado como si fuera una entidad con fines de lucro. Si la operación se realizara entre una seccional colorada y una entidad privada, igualmente sería ilegal, pero la gravedad sube de tono cuando en el contubernio está de por medio una empresa estatal, para más de corrupta trayectoria.
Esta ilegal por donde se la mire “alianza público-privada” triangular, que en la práctica es una “alianza público-política” gestada sigilosamente con la complicidad de Petropar, supone un atentado contra el régimen jurídico de los partidos y abre las puertas a otras aberraciones político-empresariales, por lo que es de temer que otras empresas públicas o con participación estatal mayoritaria imiten este modelo o hasta monten sus propias instalaciones y centros de atención al cliente en inmuebles de la ANR, a cambio de un suculento alquiler y de una participación en las ganancias.
Un partido no debe hacer negocios, sino ocuparse exclusivamente de los fines establecidos en la ley y en sus estatutos, como aquello de “asegurar, en el interés del régimen democrático, la autenticidad del sistema representativo y la defensa de los derechos humanos”, según reza el Código Electoral. Debe financiarse exclusivamente con los aportes de sus afiliados o con las donaciones que reciba, dentro de los límites fijados en la Ley Nº 4743/12. Si ya son cuestionables los subsidios y aportes electorales, que afectan también los bolsillos de las personas no afiliadas, lo serían mucho más las ganancias derivadas de actividades económicas incompatibles con su fin no lucrativo. En consecuencia, debe desbaratarse este nuevo oscuro contubernio que se gesta entre los colorados y la empresa estatal que tienen en manos.
Al tener estado público esta irregular operación, un fiscal o un juez tienen la facultad de intervenir de oficio –y deben hacerlo así– para que se declare su nulidad, medida que también puede ser solicitada por los afectados, en este caso, los propietarios de otras estaciones de servicio o los representantes de otros partidos políticos.