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Hace algún tiempo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó una licitación internacional para la construcción de un nuevo complejo penitenciario en el municipio de Emboscada. Varias empresas paraguayas interesadas en construir la obra reclamaron ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por ciertas cláusulas del pliego de bases y condiciones que arbitrariamente las colocan en desventaja competitiva con relación a las extranjeras, inclinando en forma injusta el juego a favor de estas, cuando, en realidad, se debería favorecer a las empresas nacionales, de acuerdo al principio universal de preferencia que otorgan los gobiernos para las empresas nacionales en paridad de situaciones con oferentes extranjeros. A ese reclamo se ha sumado la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) criticando la decisión del MOPC de optar por la modalidad competitiva de licitación internacional para un tamaño y una calidad de obra enteramente al alcance del currículo empresarial de las firmas paraguayas de construcción civil.
Para peor, la obra, cuyo costo estimado es de unos US$ 80 millones, será financiada enteramente con recursos genuinos del Estado paraguayo (bonos soberanos), por lo que no existen las imposiciones leoninas habituales de los organismos financieros multinacionales, que exigen una licitación pública internacional, como en el caso de la mayoría de las obras viales ejecutadas en el país. Al inicio de su gestión al frente del MOPC, el ministro Ramón Jiménez Gaona ya se mostró resueltamente a favor de la modalidad de licitación pública internacional, para supuestamente “abaratar” costos con relación a las cotizaciones ofertadas por las empresas constructoras paraguayas. Con ese argumento justificó la contratación de la empresa coreana Il Sung para la construcción del tramo de la Ruta 8 “Blas Garay”, de Caazapá-Yuty y ramales, la que con el enorme atraso que lleva en su haber, confirma aquello de que el remedio es peor que la enfermedad.
El escándalo del conglomerado empresarial Odebrecht –descubierto mediante la investigación del caso “Lava Jato” en Brasil– involucrado en el delito de pago de coimas a altos funcionarios de 12 países en Latinoamérica y África, donde la empresa obtuvo jugosos contratos de construcción, da para pensar que, como en el caso del “superviaducto”, el ministro Jiménez Gaona preferiría la contratación de empresas extranjeras, antes que nacionales, porque ellas tienen mecanismos ilegales refinados para mimetizar las coimas. En efecto, las entregan a testaferros en el exterior, encargándose estos de sifonarlas a sus destinatarios en el país donde se ejecutó la obra sobrefacturada, como el mencionado “superviaducto”, por el que la empresa constructora pagó coimas a altos funcionarios del MOPC, a través de un intermediario residente en España, tal como se denunció ante estrados judiciales de ese país y los informó la prensa local, en su oportunidad.
Precisamente, lo que la ciudadanía y los constructores paraguayos temen es que la innecesaria internacionalización de la licitación de marras obedezca, justamente, a alguna carta non sancta que altos funcionarios del MOPC podrían tener guardada en la manga. Y la misma no puede ser otra que la patentada coima, encubierta dentro del camuflaje del 20 por ciento de sobrecosto máximo admitido para las obras públicas según la ley pertinente. Para muestra basta un botón: todas las obras licitadas por el MOPC –viales o no– bajo la administración del actual ministro han tenido ese tope de sobrecosto, mimetizado en diferentes excusas: deficiencia de proyecto, cambio de paquete estructural, obras adicionales no previstas, etc., etc.
La sospecha que, ineludiblemente, genera esta rara actitud es que los coimeros no quieren dejar rastros de plata sucia en el país. Con lo sucedido en Brasil con el escándalo de la gigante estatal Petrobras, en el que los peces gordos cayeron por delación de sus subalternos en el chanchullo –quienes optaron por colaborar con la Justicia a cambio de mitigar sus condenas– tienen que cuidarse muy bien de que las coimas sean entregadas en el extranjero, ocultas en cuentas codificadas en paraísos fiscales.
El día en que en el Paraguay la Justicia enderece su vara, muchos funcionarios públicos y testaferros abrirán el pico para delatar a sus jefes, patrones o socios corruptos a cambio de minimizar sus años de condena en la cárcel. Si el propio todopoderoso empresario brasileño Odebrecht optó por “cantar” a condición de reducir sus años de cárcel, de darse aquí justicia como en el Brasil, ¿por qué algunos de los poderosos vialeros paraguayos no harían lo mismo a cambio de no pudrirse en la cárcel?
La desconfianza del público con relación a la sistémica corrupción prevaleciente en el MOPC bajo la gestión del ministro Jiménez Gaona se acentúa en la medida en que se acerca el fin del período presidencial de Horacio Cartes, pues es sabido que los concusionarios empotrados en los niveles de decisión de la administración pública optan por la metáfora de las ratas por tirante, tratando de engullirse apresuradamente todo lo que esté a su alcance porque está llegando el momento de saltar del barco que se hunde.
Tal sería el increíble caso de la ruta Concepción-Vallemí, inaugurada hace apenas días, pero que, según el ministro, ya requiere un urgente recapado por más de 20 millones de dólares para que pueda permitir el tránsito de camiones pesados. El de la apresurada licitación internacional para construir la cárcel en Emboscada responde a la misma urgencia.
Y lo harán sin ningún empacho, confiados en que el Gobierno entrante no moverá un dedo para investigar sus fechorías. Es que, por los personajes de los que está empezando a rodearse el presidente electo, es muy difícil, por no decir imposible, que la brisa de la primavera anticorrupción que sopla en Brasil nos alcance, aunque sea de rebote, bajo el Gobierno de “Marito”.