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En estos días, en varias ocasiones, un grupo de “paseros” de la zona de Puerto Falcón se permitió la audacia de clausurar vías de circulación desde y hacia la frontera con Argentina. El pasado lunes cerraron por varias horas el paso por el puente Remanso, es decir, cortaron la principal vía de paso terrestre entre la capital, el Chaco paraguayo y el noreste argentino, la vía más importante para las actividades económicas de esta parte del país.
Uno de los manifestantes declaró que se mantendrían allí, ejecutando su determinación de perjudicar a los demás, hasta que “venga la Policía y nos reprima”. En pocas palabras, se muestran desafiantes, con olímpico desdén por las normas de orden público y, posiblemente, con el plan de ganar algunos “mártires” en caso de que las autoridades se decidan a despejar la vía utilizando la fuerza legítima.
La verdad es que, en su gran mayoría, los llamados “paseros”, esas personas dedicadas laboralmente a circular a través de nuestras fronteras sin pagar tributos fiscales por mercaderías que adquieren en Argentina o Brasil para comercializarlas en nuestro país, no son realmente “pobres y humildes trabajadores” que se están ganando la vida de ese modo porque no tienen otra alternativa, como repiten sin cesar sus voceros. Son, en su mayoría, agentes de grandes contrabandistas.
Esos grandes contrabandistas, en verdad, son astutas personas que financian a los “paseros” para, después, reunir sus mercaderías, almacenarlas y distribuirlas a una cadena de centenares de vendedores, fijos o ambulantes, distribuidos por todo el país, con la gran ventaja que supone sobre sus competidores formales regulares el no haber pagado ni un solo impuesto, ni Previsión Social ni nada.
Los “paseros” fueron constituyéndose, de esta manera, en agentes informales de verdaderos delincuentes con gran capacidad financiera, que se aprovechan del estado de pobreza de esas personas y de su imagen de gente necesitada para que se presenten como escudo ante la opinión pública y las autoridades.
Los “paseros” trabajan para delincuentes que son económicamente fuertes y siempre políticamente influyentes, con capacidad para detener los intentos del Gobierno de combatir esa actividad fronteriza, motivo por el cual ninguno de los múltiples intentos que se hicieron en las últimas décadas tuvo éxito. Ambos, “paseros” y delincuentes, llegaron a conformar una eficiente asociación para delinquir que tuvo la particularidad de disfrazarse de “causa social”, aprovechando la imagen de pobreza que los primeros proyectan ante la vista pública.
Poca duda cabe de que porque se sienten social y políticamente respaldados es que los “paseros” actúan con prepotencia, situándose por encima de la ley y permitiéndose ejecutar modalidades arbitrarias de protesta para exigir “sus derechos” a las autoridades. Pero, ¿qué “derechos” reclaman? Exigen que se les reconozca un estatus de ciudadanos privilegiados, con facultad especial para no quedar sometidos a las mismas exigencias legales que las demás personas.
Es una perogrullada repetir que el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar las leyes que protegen el principio de igualdad y los intereses generales, y no permitir que haya nadie que pueda evadir sus obligaciones con relación a estos principios y valores; pero ante el frecuente olvido de este deber por parte de las autoridades, se hace preciso insistir en ella.
Es de esperar que las autoridades empleen una mano más firme con los “paseros” y les obliguen a aceptar que deben amoldarse a la ley. Tendrá un excelente efecto educativo, y de paso puede poner fin a una poderosa rosca que perjudica a la gente que trabaja cumpliendo con sus obligaciones tributarias.