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Bajo recurrente presión ciudadana, en un principio la ANR y el PLRA habían convenido un pacto para impulsar el juicio político contra cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia: dos colorados, Víctor Núñez y César Garay Zuccolillo; y dos liberales, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco. Sorpresivamente, pasando por alto la oposición de los líderes del PLRA, la Junta de Gobierno de la ANR ratificó a sus legisladores el mandato de incluir en la nómina de magistrados a ser sometidos a juicio político al titular de la Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), lo que provocó un revuelo en las carpas liberales, colocando en entredicho lo previamente pactado.
Con la asunción del senador Blas Llano como titular del Congreso se había retomado tangencialmente el tema de la necesidad de renovar el Poder Judicial, completamente desacreditado ante la sociedad. La iniciativa volvió a cobrar fuerza tras el alevoso asesinato de nuestro periodista Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, el 16 de octubre pasado. A raíz de este horrendo crimen se destapó el caldero de la “narcopolítica” con su penetrante tufo de podredumbre involucrando a las máximas autoridades políticas, judiciales y policiales del departamento de Canindeyú, incluida la diputada departamental colorada Cristina Villalba, sindicada como la máxima protectora de los traficantes marihuaneros de la zona, en particular del exintendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, imputado como autor intelectual del asesinato de nuestro infortunado compañero de tareas.
La presidenta de la Junta de Gobierno, senadora Lilian Samaniego, ha restado importancia al disgusto de los liberales, confiada en alcanzar un arreglo para concretar la salida de los mencionados ministros de la Corte Suprema de Justicia y aplacar así el enojo de la gente. Sea como fuere, en estos momentos el horno azulgrana no está para bollos. Los azules sostienen que la inclusión del ministro Ramírez Zambonini en el juicio de marras responde exclusivamente a un interés personal del senador colorado Juan Carlos Galaverna, lo que, supuestamente, desvirtúa el espíritu del principio de acuerdo bipartidista para la renovación parcial de la máxima instancia judicial de la República.
Para enrarecer aún más la ya viciada atmósfera, tanto senadores como diputados liberales, incluida la dirigencia de cúpula del partido, rechazan la propuesta colorada de enjuiciar a su cupo en la Justicia Electoral. Por otro lado, llamativamente, los seis diputados colorados de la bancada C, así como los senadores Julio César Velázquez y Gustavo Alfonso, también del Partido Colorado, anunciaron estar en contra del juicio político propuesto. Es más, todavía resta por verse cuál será la postura que asumirán los 14 diputados colorados de la bancada B, que responden al liderazgo de Javier Zacarías Irún; no siempre dóciles al mandato del Presidente de la República. Con este vaivén, la única certeza que tiene la ciudadanía es que la supuesta independencia y equilibrio de los Poderes del Estado es una miserable estafa intelectual al pueblo soberano.
Ante tan revuelto escenario político, la ciudadanía no puede menos que preguntarse: ¿qué significa esto? ¿Que el miembro en cuestión es parte de una gavilla? ¿Por qué razón diputados o senadores tendrían que “oponerse” a que se cambie a un miembro de la Corte Suprema de Justicia? Evidentemente, es porque esa persona es parte de una gavilla en forma de mafia que actúa en las catacumbas para comprar y vender intereses económicos que deban dirimirse en la justicia. Son unos desfachatados, ya que con su actitud están demostrando abiertamente que los parlamentarios tienen injerencia directa en los fallos judiciales.
En vez de tener a la justicia como el núcleo de los valores democráticos de la Nación alrededor del cual todas las clases sociales y partidos políticos pudieran congregarse para garantizar el imperio de la ley, he aquí que quienes fungen como representantes del pueblo son los primeros en tirar por la borda su alta responsabilidad de sanear el desacreditado Poder Judicial, obviamente manipulado por los narcopolíticos y las organizaciones criminales a ellos ligadas, como ha quedado evidenciado a raíz del atentado que costara la vida a nuestro valiente corresponsal en Curuguaty.
Incidentalmente, la incautación por la Senad de 530 kilos de cocaína en la localidad de Karapã’i el pasado fin de semana ha sumado evidencia clave a lo que ya venía siendo vox pópuli desde hace algún tiempo: el brazo largo de la narcopolítica toca de cerca no solo a la diputada por Canindeyú, Cristina Villalba, sino a varios legisladores, entre ellos a los diputados colorados Marcial Lezcano y Freddy D’Ecclesiis, ambos estrechamente vinculados al polémico diputado suplente de la ANR por el departamento de Amambay, Carlos “Chicharõ” Sánchez, quien, según la Senad y la Policía, es el principal operador en Paraguay de la red internacional de narcotráfico dirigida por Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, uno de los peces gordos más buscados en la región. Es más, en una foto publicada en la tapa de nuestro diario el domingo 16 del corriente se ve a este “Chicharõ” posando jovialmente con los “narcopilotos” Carlos Mendieta y Ramón Donato Mendoza; este último, que logró huir, transportaba la droga decomisada en la ocasión a que se ha hecho referencia.
Todo indica que lo que realmente está sucediendo en nuestro país con la narcopolítica es lo que sucedió en México con los cárteles del narcotráfico. Permeando las estructuras de los organismos de seguridad del Estado y del Poder Judicial, del propio Congreso Nacional, así como de las gobernaciones y de cuantas autoridades existen en los departamentos fronterizos con el Brasil, el crimen organizado transnacional dedicado preferencialmente al tráfico de marihuana ha logrado establecer una siniestra relación cliente-patrón Estado para operar libremente el negocio ilícito, de la misma forma en que lo hace con otros sectores de la economía y la sociedad, como el contrabando, el lavado de dinero y otras lucrativas actividades criminales.
Para acabar con este maleficio que amenaza convertir a nuestro país en un Estado paria, el Gobierno del presidente Horacio Cartes, si es que va a cumplir con su promesa de darle un nuevo rumbo al Paraguay, debe jugarse por entero contra la lacra de la narcopolítica, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Sus principales protectores están en el Congreso y en el Poder Judicial.