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A mediados de noviembre de 2014, el presidente Horacio Cartes convocó a una reunión de los presidentes de los tres Poderes del Estado para analizar cursos de acción gubernamental enderezados a combatir el creciente narcotráfico y su peor engendro: la “narcopolítica”. Adelantándose al temario del evento, el entonces intendente municipal de Villa Ygatimí, José Asunción Martínez (PLRA), hizo pública su percepción de la cruda realidad económica subyacente al auge del cultivo de marihuana en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y algunos otros por parte del campesinado pobre, otrora dedicado a cultivos lícitos tradicionales de subsistencia y renta.
En la ocasión, con brutal franqueza, el jefe comunal de ese lejano y olvidado distrito declaró a la prensa: “Si van a reprimir los cultivos (de marihuana), tienen que traer soluciones, porque, en caso contrario, acá vamos a comernos todos, porque la gente va a pasar hambre”. Con el correr del tiempo, incidentes de abierto desafío a la prohibición legal del cultivo del cannabis como el registrado en el asentamiento campesino de Kamba Rembe, en el departamento de San Pedro, y en otros lugares, han dado la razón al intendente Martínez, en el sentido de que, debido a la inoperancia de los sucesivos gobiernos en cuanto a la implementación de políticas de asistencia agraria adecuadas, el campesino paraguayo se ha visto obligado, por necesidad, a optar por el cultivo de la hierba prohibida en vez de los cultivos tradicionales como medio de subsistencia para su familia.
Paralelamente, también por necesidad existencial, los campesinos pobres y sin un pedazo de tierra propia, desde el fin de la dictadura se han dedicado a invadir propiedades públicas, como parques nacionales, o fincas privadas, con la finalidad primordial de talar sus bosques y vender la madera extraída, en rollos, o aserrada, así como el carbón fabricado a partir del ramaje no comercializable, con el resultado de una salvaje deforestación criticada hasta por las organizaciones internacionales dedicadas a la protección del medio ambiente. En estos momentos, el caso del Parque Morombí es patético en tal sentido. Allí debería ir un ejército de funcionarios de las diferentes instituciones del Gobierno para estudiar, censar a todos los campesinos, darles cédula de identidad, ver sus necesidades (que generalmente son todas las mismas de siempre), e impulsar una inteligente solución mediante capacitación laboral y asistencia económica, a fin de obtener resultados beneficiosos.
Desde siempre el campesino paraguayo necesitó y necesita que se le enseñe a trabajar, sea en su capuera, sea en los cinturones de pobreza conformados por los centenares de miles que han huido del campo a las áreas metropolitanas buscando alguna mejor oportunidad para sobrevivir. Es inadmisible que después de tantos años de gobiernos democráticos, con los miles de millones aportados por los contribuyentes y cuantiosa ayuda solidaria extranjera, todavía existan en el Paraguay –un país con trescientos y poco kilómetros de ancho– campesinos luchando por su subsistencia con rudimentarias técnicas agrícolas heredadas de sus abuelos. La lacerante verdad es que la mayoría de los invasores de montes simplemente no ha encontrado otra alternativa para poder comer que cortar los árboles que tiene a tiro. Por eso, son verdaderos esclavos del jaque mate que les impone la trágica situación que sobrellevan y que los lanza indefensos a las manos de mafiosos que los explotan.
Cuesta creer que exista tanta insensatez en el ánimo de los gobernantes que no se den cuenta, o no quieran darse cuenta (tal vez les conviene la situación) de que deben romper esa cadena que mantiene en la esclavitud a miles de compatriotas. Lo peor de esta criminal desidia gubernamental es que es el caldo de cultivo de la violencia en el campo, pues favorece a los más exaltados y de menos escrúpulos, que de ese modo se convierten en “administradores” de facto de los asentamientos que implantan en propiedades ajenas mediante el uso de la fuerza o de la intimidación.
El Gobierno sabe de esta situación, y si no busca soluciones es exclusivamente por inutilidad, por corrupción o por la conveniencia de seguir manteniéndola.
El presidente Cartes debe poner a gente entendida, enérgica, trabajadora, con mucho sentido común y conocimiento a enfrentar este problema. No puede ser que, a través de su Gobierno, el tema de las invasiones de tierra y de los montes continúe igual o peor que cuando asumió la administración del país. El amor propio debería impulsarlo a actuar inmediatamente y con mano dura. No debiera hesitar en reemplazar a los funcionarios del partido que fuere que no sean capaces, sean reticentes o abiertamente se nieguen a acompañarlo en los esfuerzos que debe hacer para superar tan avergonzante situación campesina.