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El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año incluye el pago de dos “gratificaciones” para los funcionarios y prevé que existan 290.458 cargos públicos, o sea, 745 más que este año. Sumadas al ya existente aguinaldo, los funcionarios públicos, inexplicable e injustamente, continuarán disfrutando de tres aguinaldos, una situación a todas luces ilegal y que rompe el principio de igualdad ante la ley. La gravedad del caso sube de tono cuando las “gratificaciones” se conceden en general, sin evaluar el rendimiento del personal.
El Poder Ejecutivo no tiene, pues, la menor intención de achicar el Estado para que el gasto salarial no siga consumiendo más del 70% de la recaudación tributaria. La experiencia indica también que sería ilusorio confiar en que los legisladores eliminen los dos regalos previstos, y que fusionen o supriman las prebendas de las que goza su clientela política que llena los cargos del aparato estatal. Todo lo contrario, es de temer que, aparte de aprobarlos y hasta de aumentarlos, otorguen el aumento salarial no contemplado este año en el proyecto.
Para los políticos, las demandas sindicales pueden ser “irresistibles” de cara a las elecciones generales de 2018, y si a ello se agrega que los jerarcas de las entidades públicas pueden obtener más fondos a cambio de nuevos cargos para los parientes, amigos y correligionarios de los parlamentarios, dejando de lado al ministro de Hacienda, pese a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley N° 1535/99, resulta que el proyecto de Presupuesto presentado es francamente desalentador para quienes creen que el aparato estatal debe consumir en el pago de sus salarios no más recursos que los estrictamente necesarios para su buena administración.
Nuestro diario se ha ocupado reiteradas veces de la verdadera farsa que constituyen los “premios” al personal público “por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional”, tal como se lee en el proyecto presentado. Debemos volver a hacerlo porque de nuevo estamos frente a aguinaldos adicionales disfrazados para los privilegiados funcionarios públicos.
Se trata de una verdadera tomadura de pelo: la máxima autoridad del órgano respectivo declara que el mismo y sus funcionarios tuvieron una “buena gestión” y que, por ende, ellos “merecen” percibir el equivalente a dos sueldos mensuales adicionales, aunque hayan sido perezosos o negligentes. Aparte de que nadie debería ser recompensado simplemente por haber cumplido con su deber, por lo que ya recibe una paga, la gratificación no implica en absoluto un estímulo para un mejor rendimiento, porque es otorgada sí o sí pues está prevista en la Ley del Presupuesto General de la Nación. ¿Por qué se esforzarían más esos “servidores públicos” si de todos modos percibirán ese decimocuarto y decimoquinto aguinaldo que oculta su verdadero ingreso de cada año? Entonces, que todo siga igual para que la clientela esté satisfecha y no ocasione problemas a los jefes, encima cerca de cruciales elecciones.
La matriz salarial, implementada hasta ahora en 41 instituciones para sincerar las cosas de alguna manera, no incluye las gratificaciones, lo que significa que la comedia continuará, sin que a estas alturas engañe a nadie. El sinceramiento exige llamar a las cosas por su nombre y no recurrir a un engañabobos.
Se dirá que el proyectado aumento de los puestos públicos es muy leve, y que, por tanto, incidirá apenas en el gasto público. Aparte de que el Congreso podría creer oportuno ubicar a más “operadores políticos”, el grave problema es que el actual número de funcionarios y contratados ya resulta excesivo. A tal punto, que se usa y abusa ilegalmente de los “comisionamientos” porque en las oficinas públicas ya no existe lugar ni sillas para más “funcionarios”, por lo que son enviados a otras igualmente cargadas de ellos.
Es decir, no basta con impedir que el funcionariado siga creciendo, sino que es urgente sea disminuido. Los “planilleros” no tienen razón para figurar en el Presupuesto. Como no tienen nada que hacer en los organismos que les pagan el sueldo, su ausencia será beneficiosa porque así no molestarán a los colegas que trabajan, ni interferirán en la circulación por los pasillos ni gastarán los útiles de oficina, como está sucediendo.
El director de la entidad binacional Yacyretá, Ángel María Recalde, acaba de incurrir en un “sincericidio”, al decir: “Nosotros tenemos más funcionarios de los que precisamos y, lógicamente, no podemos decir que absolutamente todos estén con una carga laboral intensa: eso sería mentir”. En verdad, muchos no tienen carga laboral alguna, como no la tienen decenas de miles de funcionarios y contratados de la Administración Central y entidades descentralizadas. En este sentido, se destacan la Justicia Electoral, el Congreso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia de la República, con 4.777, 1.711, 222, 122 y 69 cargos, respectivamente.
La Presidencia de la República, por su parte, tendrá un incremento de 37 cargos, lo que plantea la cuestión más general de si en cada caso se están detallando las tareas específicas que el organismo respectivo no puede cumplir a cabalidad por falta de personal. Si la Secretaría de la Función Pública ejerció alguna vez su atribución legal de “formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente”, nadie le ha hecho caso, y así se han venido creando cargos a tontas y a locas, con superposición de funciones, solo para responder a la angurria del clientelismo político que abarrota todas y cada una de las oficinas gubernamentales y de las empresas estatales de nuestro país.
Mientras no se racionalice este problema del tamaño del funcionariado público que fagocita más del 70% del Presupuesto General de la Nación, el Paraguay continuará sin recursos para invertir en escuelas, caminos y hospitales públicos con medicamentos.