Cargando...
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, quiere que los emblemas privados abaraten de inmediato la nafta común debido a la menor cotización internacional del petróleo. Petropar supuestamente está ganando vendiéndola a 4.250 guaraníes el litro, es decir, a 340 guaraníes menos que sus competidores. Si estos no aceptan su pedido, el precio del combustible será fijado por decreto, según el anuncio hecho tras una reunión con el Presidente de la República.
Como ni la Constitución ni la ley autorizan al Poder Ejecutivo a tomar semejante medida, el acto administrativo que se dicte en tal sentido será nulo, por violar el principio de legalidad. En un Estado de derecho, como pretende ser el nuestro, la abierta amenaza ministerial sería de cumplimiento imposible.
A los amenazados les conviene bajar el precio de la nafta común para impedir que sus clientes pasen a surtirse de la empresa estatal, aprovechando su mejor oferta. Es lo que seguramente harán, y no para satisfacer el anhelo del ministro ni anticiparse a un decreto que sería ilegal, sino para responder al hecho de que, a igual calidad, los consumidores adquieren el producto más barato. Es la norma que rige el libre mercado. Como dijo Luis Ortega, titular de uno de los emblemas privados: “Se viene una disminución en los precios al público y no solo de la nafta común, sino de todos los productos, y no porque amenazan con decretos ni porque lo pida el ministro o el Presidente, sino porque ya lo estábamos analizando”.
En una economía de mercado, donde hay libre competencia y los precios responden a la ley de la oferta y la demanda, el comportamiento de los consumidores incide en los precios con mucha mayor eficacia que un decreto intervencionista cuyo cumplimiento debe hacerse efectivo hasta con medidas policiales. En verdad, cuesta entender, por no ser habitual, por qué el Poder Ejecutivo busca que los emblemas privados mejoren su capacidad competitiva frente a Petropar. “La nafta común es el combustible que utiliza la gente de menores recursos”, arguyó el ministro, como si los emblemas privados retuvieran a su clientela al margen de lo que el sentido común les indica en su propio interés. Dado que no monopolizan la nafta común, mal podrían tener un mercado cautivo, ya que si sus precios fueran exagerados, no solo la “gente de menores recursos” acudiría a Petropar, sino cualquiera que actuara racionalmente a la hora de comprar.
El ministro dijo también que los emblemas privados “pueden seguir con sus precios” en los demás tipos de combustible, como si el Gobierno pudiera impedirles fijar los precios que ellos crean adecuados. Él no tiene nada que permitirles ni prohibirles en esta cuestión, que debe ser regulada por el mercado y no por un acto administrativo.
El ministro Leite debe recordar que el art. 107 de la Constitución expresa: “Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”. También la fijación de precios por decreto impide la libre concurrencia, con los desastrosos resultados que se observan, por ejemplo, en Venezuela.
Si el Poder Ejecutivo pudiera fijar el valor de venta de algún combustible, bien podría ocurrírsele hacerlo también con respecto a los productos de primera necesidad. Por eso es que los dichos del ministro son tan inquietantes: en algún momento, podría ir mucho más allá de la nafta común y amenazar con regular burocráticamente el precio de cualquier mercancía, pese a la norma constitucional citada.
Aparte de combatir los monopolios, el acaparamiento con vistas a la suba de precios y el dumping, el Poder Ejecutivo debe limitarse a trabar los cárteles, es decir, los convenios entre empresas del mismo ramo para eludir la mutua competencia. En el editorial del 5 de diciembre de 2014, titulado justamente “El precio de los combustibles debe bajar”, nuestro diario recordaba que el art. 8°, inc. a, de la Ley de Defensa de la Competencia, prohíbe todo acuerdo que busque “impedir, restringir o falsear la competencia”, mediante la abusiva fijación o recomendación de “los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción”.
El mismo editorial, motivado por el hecho de que la baja del precio del petróleo en el mercado mundial no se estaba reflejando en el local, señalaba que el precio de la nafta común debe “responder a las leyes del mercado y a las fluctuaciones de la cotización internacional del petróleo y del tipo de cambio”, agregando que los emblemas privados pueden vender la nafta al precio que mejor les parezca, siempre que no se concierten para eliminar la competencia, en perjuicio de los consumidores.
Son estos quienes, en verdad, premian o castigan a los oferentes, según la calidad y el precio de sus productos. Ellos no necesitan que el Poder Ejecutivo regule el comportamiento de la oferta, sino que vele por la libre concurrencia, impidiendo que sea anulada o distorsionada.
Las desafortunadas declaraciones del ministro no refuerzan la imagen del país como un buen lugar para hacer negocios, que el propio Gobierno suele querer transmitir en foros internacionales. Imponer precios a decretazos no es, evidentemente, la mejor manera de atraer capitales.