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A medida que se conocen más detalles de las circunstancias en que fueron emboscados y asesinados un joven oficial y siete subordinados suyos en Arroyito, departamento de Concepción, se incrementa la cantidad de cuestionamientos que formular a los responsables de las operaciones armadas en la zona del hecho mencionado. La situación creada por las dudas en el seno social son graves, pero el Gobierno parece no percibir dicha gravedad. La sensación que queda en la opinión pública es que “algo pasa” en el Norte del país que no se le dice claramente a la gente.
Es fácil explicar esta situación de incertidumbre, pues no existe justificación razonable para que un millar de efectivos desplegados en la “Zona de Seguridad Interna”, donde se supone opera el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo –de una treintena de combatientes efectivos, según suponen las propias autoridades–, no hayan podido hasta ahora al menos debilitar –no digamos ya liquidar– al grupo ilegal, que continúa efectuando golpes efectivos y mortíferos.
En efecto, con una fuerza muy superior de hombres, armas y equipos, y con la legitimidad de su lado, gozando de la libertad de moverse a la hora que desee y por donde quiera, la FTC continúa perdiendo en toda la línea contra un enemigo que, se supone, tiene muchas condiciones en contra.
En un terreno llano, con bosques raleados y yuyales, que dan la impresión de no ser difíciles de examinar y vigilar, los miembros del EPP se mueven mucho mejor que las fuerzas del Estado, a las que sorprenden y emboscan como si estas, en vez de estar integradas por soldados profesionales, lo estuvieran por boy scouts. La chambonada se vio confirmada cuando apenas un día después de la sangrienta emboscada contra los soldados de la FTC, un blindado que salió de patrulla por la zona fue a empantanarse en una zanja, necesitando auxilio para salir del lugar.
En la última luctuosa acción, las ocho víctimas se trasladaban en un vehículo en evidente actitud de no estar en apresto para el combate, y sin contar por lo menos con otro grupo de apoyo, teniendo en cuenta la peligrosidad de la zona.
Las preguntas que suscita este inusitado modo de proceder pueden llegar a conducir a sospechas muy dolorosas, como, por ejemplo, que entre los integrantes de la FTC hay delatores sobornados y traidores, lo cual constituiría el coronamiento de la secuencia de males y vicios de que hace triste gala el Gobierno en este asunto tan acuciante para la seguridad del país. Pero cabe preguntar también: ¿dónde está y qué hace el servicio de inteligencia de la FTC? Un anterior comandante de la fuerza se quejó una vez de que “la gente no colabora”, como si el resultado de la inteligencia les debiera llegar de una colaboración espontánea de la población, que convive con el terror todos los días. El citado jefe militar puede esperar sentado que la gente venga a chusmearle en el oído informes sobre los ilegales.
Cuando amenazas parecidas a las que estamos padeciendo aparecieron en otros países latinoamericanos, con guerrilleros muy superiores en número y armamentos que los que tenemos en nuestro país, sus autoridades tomaron las cosas con la mayor seriedad, empeñando sus mayores esfuerzos, dedicándoles todo el tiempo necesario y aplicando todo el equipamiento indispensable. Y si no disponían de algún recurso, lo solicitaron a países amigos dispuestos a cooperar en la lucha contra los enemigos guerrilleros, terroristas o bandas delictivas.
Aquí, en el Paraguay, se diría que nuestras autoridades políticas todavía continúan convencidas de que pueden solas contra el minúsculo EPP, que continúa ridiculizando con sus acciones a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas.
Ante tanto tiempo transcurrido y tan escasos resultados, los responsables de este problema ya deberían haberse percatado de que no pueden hacer solos su trabajo sin la cooperación de otras fuerzas que les presten asistencia para encaminar la lucha en la forma en que debe ser encarada. Existen gobiernos amigos, con los cuales incluso se tienen convenios de cooperación de defensa, que nos ayudarían gustosamente, aportando su asistencia, su experiencia y hasta sus recursos tecnológicos, para combatir con mayor eficacia y, de ser posible, acabar de una vez por todas con este flagelo.
Lo cierto es que el fracaso, la decepción y la tristeza son el signo que marca el ánimo nacional actualmente. Y parece ser también el estado que afecta a los efectivos de la FTC, cuyos principales jefes, lejos de acompañar a los combatientes en el teatro de operaciones, cobran el plus salarial por integrar la fuerza pero prefieren disfrutar de las comodidades en la capital del país.
Y no sirven de nada positivo las declaraciones que formula el comandante de la FTC, general José Alvarenga, cuando dice, por ejemplo, que “no es momento de encontrar un responsable”, refiriéndose a la deplorable negligencia cometida en Arroyito; y menos todavía evitar la confrontación de argumentos y explicaciones con frases elusivas como “lo que hay que corregir, hay que corregir y lo estamos haciendo”. Y así como nuestro diario cuestiona las inapropiadas explicaciones de las autoridades, resultan, a nuestro criterio, más condenables las afirmaciones de ciertos políticos que quieren pescar en río revuelto para llevar agua a su molino.
La sociedad nacional necesita de mayores y más sinceras explicaciones de parte de esas autoridades para aventar dudas y sospechas muy dignas de ser tomadas con la mayor preocupación.