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Las últimas corruptelas en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) revelan que el sermón presidencial recibido por sus altos funcionarios el 10 de febrero, de no robar más y aumentar las recaudaciones, no ha servido para nada. En efecto, en estos días el Ministerio de Industria y Comercio denunció que funcionarios de los puestos aduaneros de Itá Enramada y Vista Alegre (Remansito) hacían la vista gorda y que uno de ellos, José María Agüero, tiene registrada a su nombre una camioneta con documentación falsa, que ingresó por Puerto Seguro, es decir, por el lugar en donde ese mismo funcionario se convirtió dos meses más tarde en jefe de Visturía.
Todo cargo en esa dependencia es muy apetecido porque allí se “verifican” y se “comparan” las características de las mercaderías importadas con las constancias de los respectivos documentos, de modo de impedir la subfacturación o la evasión. Para ser “vista” se requiere idoneidad técnica y administrativa, pero eso es lo de menos cuando está de por medio una diputada colorada, Cynthia Tarragó, según se desprende del nombramiento de su hermano Carlos Tarragó Díaz como “vista” en la subadministración aduanera de Codesa, a donde lo pasaron del puesto de “coordinador” que ocupaba en la Justicia Electoral.
Como algunos funcionarios públicos son muy imaginativos a la hora de hallar fuentes de ingresos irregulares, en verdad no debe sorprender que los de la DNA también exploren vías que no pasan por un puesto aduanero. Una de ellas es, como se ha visto recientemente, la venta directa por concurso de precios de vehículos que se hallan depositados en sus predios. Claro que para eso hace falta guardar las apariencias, las formalidades deben tener cierto aspecto de verosimilitud para que el fraude pase más o menos desapercibido. Es lo que no se tuvo en cuenta en el teatro montado el último 7 de julio y anunciado unos días antes en el sitio web de la DNA. Debido a la escasa publicidad y a que el lote de 135 vehículos en depósito era solo uno de los 70 lotes de bienes muebles a ser subastados, apenas se presentaron tres oferentes, tal como se esperaba. Se llenaron las formas para dar un manotazo. ¿Cómo se puede tomar en serio un concurso de precios que concluye con la venta a un tal Sebastián Torres de 135 vehículos en depósito por un valor total de 5.500.000 guaraníes? Tamaño absurdo, desde el punto de vista del interés general, obliga a suponer que el comprador no fue más que un testaferro de los funcionarios que armaron la comedia. El operativo –organizado por Reinaldo Paredes, jefe del Departamento de Contraloría– le costó a la DNA –en impuestos, IVA y otros conceptos– 34.122.922 guaraníes, es decir, más de seis veces de lo que terminó recaudando.
La irracionalidad es tan flagrante que el Ministerio Público debe investigar si se cometió o no un delito de lesión de confianza y hasta el de quebrantamiento del depósito, ya que la DNA habría sido depositaria judicial de varios de los vehículos malvendidos. Los afectados por el quebrantamiento no pudieron impugnar a tiempo la venta directa por concurso de precios porque el director Nelson Valiente, llamativamente, ignoró la recomendación de los abogados de la DNA de elaborar una lista descriptiva de los vehículos en desuso y publicarla por edictos para que la ciudadanía se entere. Esta había tasado el conjunto de los bienes muebles –entre ellos camiones, buses y automóviles de lujo– en unos 150 millones de guaraníes, pero la subasta se realizó sin base de venta. Esta es la excusa invocada por la DNA para justificar que la suma recaudada haya sido tan irrisoria, aunque en la Resolución N° 310/14, que dispuso la venta, nada se dijo al respecto.
Resulta muy llamativo que la resolución haya sido firmada solo por el director adjunto Luis Morales, pese a que la competencia es indelegable. ¿Dónde estaba el director?
La evidente corruptela en esta venta directa no es un hecho insólito en el aparato estatal, pero tiene la particularidad de evidenciar con toda claridad el daño patrimonial sufrido por el Estado: primero, se vendieron unos bienes por un valor muy inferior al fijado por la propia DNA y, segundo, esa suma fue incluso inferior a la que ella tuvo que gastar en la escandalosa operación.
Los hechos referidos bastan para que, aparte de la investigación fiscal que corresponda, el presidente Horacio Cartes tome alguna medida mucho más enérgica que la de ingenuamente instar a la honradez a los funcionarios. En realidad, lo que corresponde es que el Presidente de la República, como jefe de la administración general, imparta órdenes claras y firmes a sus subordinados y destituya a quienes las desobedezcan.
Los casos relatados muestran que el rumbo que está siguiendo la DNA es el mismo de siempre, es decir, el del fraude y el nepotismo. Los funcionarios implicados en la grotesca operación, en la que el Estado ha salido perdiendo millones, en beneficio de una gavilla, no solo pretenden burlarse de la ciudadanía, sino también del presidente Cartes. Por lo que demuestran, a ellos no les interesa en absoluto el nuevo rumbo, prefieren el viejo, y ninguna exhortación presidencial hará que lo abandonen. Los delincuentes que fungen de funcionarios públicos en Aduanas deben ser investigados, enviados a la justicia y encarcelados.