Cargando...
En febrero pasado, el presidente Horacio Cartes pidió que no se hable más de reelección porque la Constitución “no me permite a mí ni a nadie pujar por otro período”. Luego, en abril, ya fue menos categórico y dijo que “no estoy habilitado por la Constitución, pero en el interior todo el mundo dice que cinco años son muy pocos”, para después señalar, en mayo último, que “es prematuro conversar sobre la reelección”. Es decir que de una tajante negativa pasó a una especie de “no, pero la gente insiste”, como justificaba el “único líder” Alfredo Stroessner sus reelecciones primero y su vitaliciado después. Del mismo modo, parece que Horacio Cartes quiere dejar la puerta abierta para conversar sobre el tema.
Paralelamente, son muchos los actores políticos que vienen buscando algún atajo para eludir la prohibición tajante de la reelección a la que aludió el Primer Mandatario, y evitar el camino de la reforma de la Constitución mediante una Convención Nacional Constituyente para, tal vez, hacerla posible.
Por eso, la pregunta que se plantea ahora no es cómo hará el presidente Cartes para imponer su “rekutu”, sino qué motivos expondrán él y sus seguidores ante la ciudadanía para justificar el pedido de reelección. Por ejemplo, vale la pena preguntar si serán suficientes las acciones, gestiones y resultados de Gobierno que la ciudadanía debe ver y comprobar para sentirse motivada a considerar la posibilidad de otorgar una segunda oportunidad al actual mandatario y a otros dos que están a la pesca, que son su correligionario Nicanor Duarte Frutos y el exobispo Fernando Lugo, líder de la izquierda.
En el caso del actual presidente, ha transcurrido más de la mitad de su mandato y lentamente se viene desinflando el aire de triunfalismo que el mismo vino demostrando a través de los primeros desafíos, como por ejemplo lograr la gobernabilidad en el Congreso, la cohesión de los parlamentarios colorados y de las fuerzas internas de su partido, así como las herramientas legales aprobadas en el Parlamento para poder gobernar con éxito, como las leyes de Alianza Público-Privada y de Responsabilidad Fiscal, para pasar por el examen triunfal de las elecciones internas y terminar en el fracaso de los comicios municipales.
No fue necesario llegar a mitad de mandato para comprobar que los colaboradores elegidos con criterio de “selección nacional” no estuvieron ni están –hasta ahora– a la altura de las expectativas ciudadanas en materia de resultados concretos, a pesar de la disponibilidad de abundantes recursos económicos obtenidos a través de bonos, en una magnitud que compromete la estabilidad económico-financiera futura de la Nación.
El ímpetu inicial del Jefe de Estado para, como corresponde, respaldar a sus ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo frente al tradicional acoso partidario que invoca el derecho del ganador, así como el impulso en favor de la transparencia y del combate con cierta eficacia a la corrupción, se fue frenando poco a poco, y todos estos males volvieron a permear los filtros para instalarse nuevamente en la relación del partido con el gobierno y del gobierno con los partidos, como también en las estructuras del Estado, para que continúe como antes el festín de meter la mano en la lata, sin consecuencia alguna para los sinvergüenzas y bandidos de todos los colores.
No existe en estos momentos motivación ciudadana para que se plantee la reelección presidencial, ni del actual presidente y menos aún de los anteriores, en especial de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo, que defraudaron a la ciudadanía por actos comprobados de corrupción que proliferaron durante sus mandatos, además de la desidia y la falta absoluta de interés y dedicación que demostraron para resolver los acuciantes problemas que agobian a la población. Para no ir lejos, el escandaloso caso de la deuda de Petropar con PDVSA, ahora en cartelera, salpica a ambos gobernantes.
Existen sí sobrados motivos para exigir que el presidente Cartes, sus asesores y ministros, en especial estos, inviertan todo el tiempo necesario y toda la energía y capacidad personal con que puedan contar, para dedicarlos a buscar y resolver los problemas nacionales que afectan a toda la población, en vez de pensar y procurar permanecer por un periodo más en sus cargos.
Las declaraciones antes mencionadas del Jefe de Estado de negar absolutamente primero la posibilidad de la reelección, luego invocar el supuesto deseo del pueblo para, finalmente, pretender un diálogo sobre el tema, demuestran la actitud hipócrita del oficialismo, que a todas luces está embarcado en la aventura de la reelección, aunque por ahora lo hace todavía disimuladamente a través de intermediarios políticos.
Esto implica, para el eje central del gobierno, distraer la atención, la inteligencia, la voluntad y el esfuerzo de miles de recursos humanos de alto nivel –en quienes se gasta una inmensa cantidad de dinero público– en una cuestión que corresponde más bien a la esfera de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil.
Sabemos que, para dar este paso, los impulsores de la idea deben recurrir inevitablemente a todo tipo de artimañas, como manipulaciones de personas y normas vigentes, mentiras públicas, propaganda engañosa y hasta traiciones, sin entrar a considerar el torrente monetario destinado a doblegar voluntades y tal vez cosas peores, con tal de llegar al objetivo.
Paraguay no se puede dar el lujo de incursionar en este escabroso escenario para satisfacer la vanidad de un grupo de personas, o de unos pocos angurrientos que se autoproclaman únicos salvadores de la patria, y con su mezquina actitud frenan las legítimas ambiciones de líderes jóvenes y honestos que están en condiciones idóneas de ejercer funciones de conducción.
Nuestra democracia, aun cuando sea imperfecta, es obra de una ciudadanía que viene de derrotar a un régimen dictatorial, cruel y corrupto, al cual se enfrentó sin cálculo de beneficio. La reelección, en las actuales circunstancias de nuestro país, representará un retroceso político y un freno al avance democrático, cuyos desafíos están orientados a solucionar problemas de relevancia, como la pobreza, la corrupción, la inseguridad que nos arrastran y nos mantienen aún anclados en el atraso por falta de interés y patriotismo de la elite política.