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Cada vez se impone más la pregunta: ¿cómo es que con creciente frecuencia una gran parte de la ciudadanía, es decir, el “pueblo”, cuestiona indignada la decisión de los diputados y senadores, es decir, de sus “representantes”?
En efecto, los legisladores se complacen en invocar a boca llena que son “representantes del pueblo”. Pero, en la práctica, no representan a nadie más que a su clientela particular. No promueven más que lo que conviene a esta y a sí mismos. El interés general, el de los habitantes del país, no pasa de ser una mera fórmula en sus repetitivas y cansadoras frases de oratoria barata.
Por si faltara volver a demostrar este aserto, una mayoría de miembros de la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto por el cual les concede a sus funcionarios un tercer aguinaldo. En la misma sesión en que concedieron alegre y despreocupadamente este pedido a sus “cuates” de oficinas y pasillos, no pudo tratarse el proyecto de ley que se refiere a conceder fondos para encarar las emergencias de la infraestructura educacional –o sea, para mayor claridad, las escuelas que están amenazando ruina– porque los señores “representantes del pueblo” se retiraron convencidos de que ya cumplieron con su patriótica tarea del día al incrementar los salarios de sus paniaguados. Solo este episodio es suficiente para pintarlos de cuerpo entero.
Yendo a la cuestión de fondo: el Art. 243 del Código Laboral prescribe que “queda establecida una remuneración anual o aguinaldo…”. En español el artículo indefinido “una” representa la cantidad correspondiente a la unidad, al número uno (1); por consiguiente, dos o más aguinaldos serían claramente contrarios a la letra de esta disposición, aunque se los disfrace como “gratificación” o cualquier otra palabra rebuscada.
Esto es así porque el sentido que tiene la remuneración denominada “aguinaldo” no es meramente económica sino esencialmente social. Nació como recurso para cumplir funciones que guardan relación con la época de fin de año, con base en experiencias que demostraron que una remuneración extra en ese momento estimulaba las motivaciones psicosociales positivas, incrementando los beneficios anímicos de los trabajadores.
Para complicar más este turbio asunto, ocurre que la mayoría de los funcionarios que los diputados quieren beneficiar (sacando el dinero del bolsillo de los contribuyentes, no de los propios) no cumplen ninguna función digna de mérito en la institución que los tiene anotados en sus planillas, sino que son meros parásitos de la función pública. Y por no hacer nada reciben salarios y dos aguinaldos, al que ahora podrían sumar uno más; y en dos o tres años –si este grosero abuso no se detiene de plano– nada les impediría negociar un cuarto; y así sucesivamente.
¡Qué gran ejemplo de ética hubieran dado los diputados si, en vez de hacer un agujero en el Presupuesto nacional, renunciaran a parte de sus emolumentos para engrosar el de esos funcionarios a los que tanto aprecian! Pero eso es algo impensable. Para eso está la bolsa de boca ancha del Presupuesto, financiado con el esfuerzo de los contribuyentes que realmente trabajan.
Pero la situación se torna aún más indignante para la gente no solo porque se premiará a quienes no merecen, mientras cerca del diez por ciento de la población se halla inmerso en la pobreza extrema, sino también porque, según acaban de enseñar los diputados, decidir sobre el dinero extra para la clientela es, para ellos, más importante y urgente que resolver el tema de la refacción de las escuelas y colegios que están desmoronándose sobre la cabeza de docentes y estudiantes.
Esta manera de actuar retrata con fidelidad fotográfica la raquítica mentalidad que posee esa gran mayoría de diputados. Su miopía les nubla la vista y les impide divisar todo lo que no esté dentro de sus intereses particulares o partidarios. En este caso particular, de 67 diputados presentes, solo dos, Hugo Rubin (PEN) y Ramón Duarte (Frente Guasu), tuvieron la sensatez y el coraje de oponerse al populista proyecto de distribuir más prebendas a costa de los contribuyentes.
Después del estallido de repudio que produjo en las redes sociales, la ciudadanía quedará aguardando el comportamiento de los senadores en relación a este inicuo proyecto. Si lo sancionan, como esperanza de justicia restará solamente el veto presidencial. Si el despropósito prosigue y culmina con el éxito final, los habitantes de este país tendremos que prepararnos para la avalancha de solicitudes para saquear los fondos públicos que veremos descargarse sobre las cámaras legislativas.
La única forma de frenar el accionar de estos sinvergüenzas que se autodenominan “representantes del pueblo” es haciéndoles sentir, en cada ocasión que se presenten en los lugares públicos, el repudio de los ciudadanos y las ciudadanas por su impúdico desempeño.