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Luego de la brutal represión de la Policía del presidente Horacio Cartes contra los manifestantes en la noche del viernes, sus agentes persiguieron a algunos de estos más de diez cuadras hasta la sede central del PLRA, donde irrumpieron como si fueran un grupo comando y asesinaron con un escopetazo por la espalda a Rodrigo Quintana, joven dirigente de dicha organización política. Perpetraron el asalto ingresando a las instalaciones partidarias sin orden judicial y con la intención de matar. Los responsables de este crimen horrendo, que por el lugar en que fue cometido no tiene precedentes en nuestra historia política, son Horacio Cartes y Fernando Lugo, y quien les sostiene su ambición con los votos claves de sus escasos partidarios, el senador Blas Llano, paradójicamente del violentado Partido Liberal.
Cegados por la ambición de poder, estos nefastos personajes generaron con sus reiterados y descarados atropellos a la Constitución en los últimos seis meses el clima de violencia que ya produjo una víctima mortal. Ambos sabían muy bien que su inconstitucional pretensión reeleccionista iba a encender los ánimos por oponerse abiertamente a nuestra Carta Magna.
La Iglesia Católica y varios gremios empresariales y profesionales ya venían lanzando su voz de alerta con relación a los graves enfrentamientos que iría a provocar la cuestionable maniobra política en marcha. Lo reconoció el propio Presidente de la República en su famoso comunicado del 31 de octubre, en el que pidió a los diputados colorados que rechacen el inconstitucional proyecto de enmienda, señalando cuanto sigue: “Como sociedad, hemos observado que el proyecto de enmienda no logra generar consenso. Las diversas interpretaciones no tienen claridad respecto de la viabilidad legal y, en consecuencia, pueden dividir a la sociedad paraguaya y fracturar al Partido Colorado...” .
En ese mismo comunicado, el Presidente reconocía que “Somos testigos de la crispación y tensión que ha generado, no seré partícipe de este camino”. Llamativamente, a los pocos días estas palabras fueron borradas de la página web de la Presidencia de la República, pero no así de la memoria ciudadana. Los archivos de prensa sirven para evidenciar la desfachatez con la que el presidente Cartes tira por la borda lo que afirmaba poco tiempo atrás.
Si el titular del Poder Ejecutivo mintió con relación a sus propósitos, el cínico senador Fernando Lugo tomó por idiota a la ciudadanía al declarar que se oponía a lo que sus propios compañeros de bancada estaban impulsando frenéticamente. Estos dos falsarios conjurados, que recuerdan el viejo adagio de que el que miente roba y el que roba mata, no pueden eludir su culpabilidad por el vil asesinato perpetrado.
Sería ingenuo suponer que la sangre derramada les hará retroceder de sus planes demenciales. Por el contrario, es de esperar que ahora emprendan una huida hacia adelante, multiplicando sus arbitrariedades, atropellos y persecuciones, para impedir que sean castigados de acuerdo a la ley. También sus paniaguados, por supuesto, están muy interesados en la impunidad que les permita, como en la actualidad, seguir saqueando el país y, a la vez, evitar la cárcel.
A partir de ahora, la “desestabilizadora” resistencia ciudadana y la “mentirosa” prensa libre serán excusas que empleará el Gobierno para continuar ordenando la represión, en una escalada autoritaria que causará el quiebre definitivo del sistema democrático. No sería raro, por lo tanto, que, como en la época estronista, los popes del Gobierno estimulen la delación y el “pyragüereato”.
No debe descartarse lo mencionado, pues los principales responsables de la violenta represión no solo no dan absolutamente señales de arrepentimiento ni de desistir de su intento de pisotear la Constitución, sino que, por el contrario, en un comunicado emitido en la misma noche del viernes, el Presidente de la República acusó del incendio desatado en el Palacio Legislativo a “un grupo de paraguayos empotrados en la política y en medios de comunicación” e instó a la ciudadanía a “no dejarse llevar por quienes desde hace meses vienen anunciando hechos de violencia y derramamiento de sangre”.
Quienes tienen una muerte que soportar en su conciencia, y por la que deberán algún día enfrentar a la Justicia, son Horacio Cartes y Fernando Lugo, cuyas desmesuradas ansias de poder omnímodo son tan fuertes como la que tenía el dictador Alfredo Stroessner.
Como el fallecido tiranosaurio, también tendrán el descaro de alegar que “no han movido un dedo” para lograr la reelección, creyendo que estos años de libertad de expresión y de prensa no han contribuido a aumentar sustancialmente el nivel de información política de los paraguayos.
La ciudadanía no debe amilanarse ante la brutal prepotencia. Sus organizaciones políticas, gremiales, sindicales y sociales deben movilizarse ante esta sombría amenaza que se cierne sobre todos los paraguayos y va mucho más allá de una mera disputa política. Están en juego nada menos que la propia República y la restauración de la paz social, hoy quebrantada por obra y gracia de dos personajes inescrupulosos unidos por una ambición espuria, que ya comenzó a teñir de sangre esta sociedad que solo desea vivir en paz y prosperidad.