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El juez de garantías en lo penal de Ciudad del Este, Eladio Gómez Barrios, impuso en la mañana de ayer medidas alternativas de prisión a Higinio, Claudia y Fernando Benítez; Aurelia Nicolaus de Benítez no acudió al juzgado por recomendación médica.
Los miembros de la familia Benítez Nicolaus fueron imputados por supuesta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos públicos, según denuncia de Enrique Sarubbi.
El juez Gómez Barrios ordenó lo siguiente: prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, obligación de presentarse cada mes para firma de libro en la secretaría del juzgado y caución de 100 millones de guaraníes para cada uno de los imputados.
El proceso judicial fue iniciado por la fiscala Arminda Rivas, de la unidad penal N° 4 de Ciudad del Este.
Persecución de inocentes
La imposición de medidas alternativas de prisión complica todavía más la situación de la agente del Ministerio Público.
Arminda Rivas se encuentra bajo investigación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de funciones.
La fiscala Rivas habría presentado una imputación falsa contra Higinio, Claudia y Fernando Benítez.
El supuesto delito de falsificación se cometió en el año 1992 y la imputación tiene lugar en el 2015. Pasaron 23 años de una supuesta falsificación y la fiscala Rivas plantea imputación.
El delito, si llegó realmente a existir, ya prescribió; segundo, los imputados Claudia y Fernando tenían 11 y 9 años en 1992.
La imputación es falsa. La fiscala Arminda Rivas es responsable de abrir una carpeta fiscal a sabiendas de que la acusación presentada por Enrique Sarubbi carecía de fundamento creíble.
La medidas alternativas de prisión se impusieron a personas que no están relacionadas con el delito de falsificación de instrumento público.
El artículo 310 del Código Procesal Penal define el delito de persecución de inocentes y establece la condena de 10 años de prisión para los responsables.
La fiscala Rivas inició una investigación con base en una denuncia falsa y pidió imputación sobre la misma base.
Al imponerse medidas alternativas de prisión contra los Benítez Nicolaus se puede considerar que existe una persecución de inocentes y Arminda Rivas puede ser procesada penalmente.
Sarubbi y su juicio a un muerto
En el año 2013, Enrique Sarubbi ganó una querella que planteó contra Francisco Feliciano Duarte, su suegro; “Manito” Duarte murió en junio de 2000.
Pasaron 13 años de su muerte y “Kike” Sarubbi gana una demanda contra el suegro ya fallecido.
Este vergonzoso proceso, donde el muerto inclusive fue declarado “rebelde” por el juez Manuel Saifildin Stan ley, le permitió a Sarubbi acceder a un título de propiedad judicial sobre un inmueble de 20 hectáreas localizado en Minga Guazú.
El inmueble que pretende Sarubbi es propiedad legítima de HM Inmobiliaria SA cuyo accionista principal es Higinio Benítez.
El proceso que inició Arminda Rivas permitió acorralar a toda la familia Benítez Nicolaus y exponerla a la extorsión en procura de que desistan de ejercer defensa sobre una propiedad legítima.
Enrique Sarubbi, con complicidad judicial y fiscal, logró tomar la posesión de un inmueble que no le pertenece, luego de ganar el juicio a un muerto.
roque@abc.com.py