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El gobernador de Cordillera, Anuncio González (PLRA), señaló que para el efecto, tienen prevista una reunión esta mañana a las 06:00 en Mburuvicha Róga, donde se reunirán con el presidente Federico Franco y el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira.
González mencionó que el Gobierno recibe normalmente y sin atraso estos fondos de la Itaipú Binacional, pero extrañamente no realiza la transferencia correspondiente a las gobernaciones, como está establecido. Explicó que esta situación hace que la mayoría de las obras emprendidas por las gobernaciones estén ahora paralizadas por la falta de pago a los contratistas. Eso sin mencionar los atrasos en el pago a los proveedores de la merienda escolar que ya está generando problemas en la distribución en algunos lugares.
Para el ejercicio fiscal 2013, los montos asignados en el Presupuesto General de la Nación, de Fonacide para las gobernaciones es de G. 69.000 millones, de los cuales recibieron hasta el momento G. 21.000 millones, es decir el 30%.
Es importante tener en cuenta que las transferencias de recursos financieros son realizadas solo a aquellos gobiernos departamentales y municipales que han cumplido las normativas legales.
Controles establecidos
En ese sentido la Contraloría General de la República (CGR) dispuso la realización de un control sobre la utilización de los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda a las gobernaciones y municipalidades, a partir del 2012 y ejercicios fiscales siguientes.
La resolución firmada en el mes de marzo, por el contralor Óscar Rubén Velázquez también ordena la verificación y fiscalización in situ de los programas y proyectos financiados con dichos recursos y los documentos que respaldan los gastos efectuados por las referidas instituciones.
La supervisión de las gobernaciones estará a cargo de la abogada Tatiana Miño y la de las municipalidades, del abogado Ángel Román Campos.
Según la ley, se debe invertir un monto no inferior al 50% de los fondos (royalties y Fonacide) en proyectos de infraestructura en educación y 30% en almuerzo escolar. Los saldos remanentes deberán destinarse a inversión pública y desarrollo.