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La citada política liberal había pagado G. 275 millones para la construcción de aulas en el marco de las “inversiones” previstas en la ley que creó el Fondo de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero la obra no concluyó.
A casi cuatro meses de la denuncia realizada por aquel hecho, el Ministerio Público formalizó ayer el proceso penal contra los mencionados acusados de tener responsabilidad en el delito investigado.
Meza, cuando era intendenta, había abonado íntegramente por el trabajo que debía hacer el contratista León Martínez, pero este abandonó el emprendimiento, causándose con ello un multimillonario perjuicio al erario y a la sociedad. Así, los estudiantes perdieron la posibilidad de tener salas de clase apropiadas.
En febrero de este año habían hecho la denuncia pertinente los concejales municipales Mirna Benítez (ANR) y Eliodoro Ruiz (PLRA), por lesión de confianza y estafa. Sin embargo, el ahora defenestrado fiscal José Zarza, en aquel momento, no impulsó acción alguna.
Aceptó “compromiso”
El agente Zarza había constatado el 21 de marzo cómo quedaron las obras, inconclusas, y luego aceptó un nuevo “compromiso” del constructor León de que culminará la obra en 30 días. Entonces el contratista envió a algunas personas como para continuar la construcción, pero al día siguiente los obreros desaparecieron de nuevo, algo que la población tomó como una burla contra ella y de la justicia.
Los docentes de las instituciones afectadas y los padres de alumnos insistían inútilmente al fiscal Zarza que accionara, hasta que después, una queja en su contra por cobro de coima, le alejó de tan importante cargo de representar a la sociedad.
El constructor León Martínez apenas colocó dos vigas de hierro en la escuela básica 5747 “Prof. Isidoro Fariña”, mientras que en la escuela básica 6421 “San Ignacio” se completó solo una parte del techo y el piso. Ambas instituciones educativas se encuentran en la colonia Maracaná, al norte de Curuguaty.
A casi tres meses de la última diligencia fiscal, el nuevo agente, Néstor Alfredo Cañete, solicitó a la Fiscalía General del Estado la asignación como coadyuvante de su colega Luis Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos, para apoyar la búsqueda del esclarecimiento de la causa y enjuiciar a los sospechosos.
Inspección
Luego de una última constatación del remedo de obra, realizada el 30 de mayo, los dos fiscales citados decidieron imputar por los delitos de lesión de confianza y estafa a los ahora excontratista y exintendenta.
La imputación, aunque sin pedido de prisión, se presentó el pasado lunes 2 de junio ante el juez de Garantía local José Benítez, pero recién tres días después ello se divulgó oficialmente. El agente acusador argumentó que ambos enjuiciados poseen suficiente arraigo para afrontar el proceso penal.
El fiscal Cañete admitió que existen indicios para sostener una acusación contra la exjefa comunal y el constructor por los dos delitos que se les atribuyen. Asimismo, los agentes del Ministerio Público intervinientes requirieron la designación de un arquitecto para peritar y evaluar el estado de las “obras”, a más de un informe del Banco Nacional de Fomento (FNF) de la cuenta administrada por la Municipalidad de Curuguaty en el año 2013.
Wilma Ramona Meza había desembolsado G. 275.951.700 a las firmas unipersonales IngeMet y CMA Construcciones, donde figura como representante o dueño el Ing. Carlos Antonio León Martínez, poseedor del RUC 768458-4 y que fija domicilio en Capiatá.
La exjefa comunal, cuando prestó declaración indagatoria ante el Ministerio Público, indicó que en diciembre del año 2013 ella había radicado una denuncia contra el referido contratista.