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MARISCAL ESTIGARRIBIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal). La imputación fue presentada ante el juez penal de garantías Gaspar Rodríguez. El fiscal Alan Schaerer indicó que la venta de las 2.200 hectáreas se efectuó en octubre del año 2010 en forma directa e ignorando una serie de leyes, con lo que el concejal colorado Cecilio Achucarro, quien era intendente en ese entonces, presuntamente incurrió en la comisión de hechos punibles con dicho acto.
El representante del Ministerio Público remarcó que para otorgar un inmueble debe haber acuerdo o autorización de la Junta Municipal y que no existen documentos del órgano deliberativo que autoricen la venta de esta propiedad.
“En este sentido hay que aclarar que las 2.200 hectáreas fueron vendidas por 90.000 dólares (unos G. 440 millones al cambio de entonces), que en el año 2010 era un precio bajo para esta zona, de tal forma que a prima facie se puede presumir un perjuicio económico, y tomando en cuenta que estaba destinada a otro fin, no a la venta a un particular”, indicó Schaerer.
La imputación es por lesión de confianza e involucra también al exconcejal César Achucarro (ANR), hoy responsable de la Recuperación y Regulación de Tierras Indígenas (RRTI) de la Gobernación de Boquerón.
Cecilio Achucarro afirma que la venta fue aprobada por la Junta Municipal y entre los concejales que votaron por la aprobaron citó al actual gobernador de Boquerón, Edwin Pauls (ANR), Mario Rojas, también colorado, y Brigitte Janzen de Schneider, quien actualmente es miembro en la Junta Departamental y se perfile como precandidata a intendente de Filadelfia.
Para pagar sueldos
César Achucarro fue el concejal que propuso la venta “para salvar la situación”, dijo Cecilio Achucarro. Añadió que se realizó la transacción por G. 984 millones para pagar sueldos caídos a funcionarios y dietas de concejales.
El 11 de agosto 2011, siete concejales que habían conformado una multibancada de oposición a la administración del intendente, Eladio Alcaraz (ANR), denunciaron el hecho ante la fiscalía. Alegaron que pese al rechazo del plan de venta por la Comisión de Hacienda, fue aprobada por mayoría en la Junta, pero que el acta 96/10 nunca fue refrendado ni firmado por ningún concejal ni secretario. Aun así el intendente de aquel entonces, Cecilio Achucarro, dictó la resolución número 70/10 para vender las 2.200 hectáreas por un “precio irrisorio” a un ciudadano menonita. En la Junta, según la denuncia, nunca hubo rendición de los ingresos obtenidos por la transacción.